Desde la Fundación OGMHDH-Chile se ha observado con preocupación el reciente aumento de denuncias sobre fraude migratorio, fenómeno que ha sido discutido por organizaciones académicas, activistas y especialistas en gobernanza migratoria. Tal como advierte el análisis publicado por migraciones.com, la raíz del problema no es únicamente la mala práctica individual, sino las fallas estructurales del propio Estado.
Un ecosistema propicio para el fraude
Cuando un sistema público opera con lentitud, escasa información, procedimientos confusos o tiempos de espera que superan la capacidad de respuesta del migrante, se crea el terreno perfecto para que terceros —muchas veces inescrupulosos— ofrezcan “ayudas”, “tramitaciones rápidas” o “soluciones paralelas”.
La ausencia de canales oficiales oportunos y la brecha entre la demanda y la capacidad institucional contribuyen a que personas en situación de vulnerabilidad busquen alternativas informales para resolver su estatus migratorio. En este escenario, la lentitud del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) se convierte, involuntariamente, en un factor de riesgo.
Fraude migratorio: un síntoma, no el origen
Es un error asumir que el fraude migratorio nace espontáneamente. Su proliferación no responde a la simple voluntad de estafadores, sino al déficit institucional que deja a miles de migrantes esperando respuestas durante meses o incluso años. La demora en la atención obliga a muchas personas a asumir riesgos que ponen en juego su seguridad y su proyecto de vida.
El Estado, al fallar en su capacidad administrativa, abre la puerta a prácticas irregulares que perjudican tanto a los migrantes como a la institucionalidad misma.
La responsabilidad estatal es ineludible
Proteger a la población migrante no se limita a difundir advertencias contra estafas. Requiere una acción coordinada del Estado para:
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Asegurar procesos claros y accesibles.
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Reducir tiempos de espera.
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Mejorar la comunicación oficial.
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Garantizar decisiones administrativas motivadas, proporcionales y ajustadas al debido proceso.
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Evitar que la desinformación y el desamparo impulsen a las personas hacia circuitos informales.
La crítica pública hacia “gestores” o “asesores no oficiales” no es suficiente si el sistema estatal continúa siendo lento, opaco y difícil de navegar para la ciudadanía migrante.
Construir un sistema que no empuje al fraude
Desde OGMHDH-Chile se plantea la necesidad de fortalecer la política migratoria hacia un Estado eficiente y transparente, capaz de garantizar derechos sin obligar a las personas a buscar soluciones alternativas por desesperación o necesidad.
La gobernanza migratoria moderna exige una administración responsable, eficaz y centrada en el respeto a la dignidad humana. Solo así será posible erradicar prácticas fraudulentas y asegurar que el principio de debido proceso sea una realidad para todas las personas migrantes en Chile.