Semana del 23 al 29 de noviembre de 2025
Durante esta semana la gobernanza migratoria en Chile estuvo marcada por una nueva crisis en la frontera con Perú, el endurecimiento del discurso político hacia las personas en situación irregular y la respuesta institucional del Estado chileno y de países vecinos. La migración vuelve a ubicarse en el centro del debate electoral, de la seguridad y de las relaciones exteriores.
Ejes de la semana
- Nueva crisis migratoria en la frontera Chile–Perú: migrantes que salen de Chile y quedan atrapados.
- Escalada del discurso punitivo y amenaza de expulsiones masivas en la campaña electoral.
- Respuesta institucional: política migratoria, coordinación de fronteras y diplomacia regional.
- Seguridad, crimen organizado y narrativas que asocian migración con delincuencia.
10 noticias clave de la semana
EJE 1 – Crisis en la frontera norte: migrantes que intentan salir de Chile
Migrantes venezolanos e indocumentados comienzan a abandonar Chile por miedo a expulsiones.
Un análisis de Bloomberg, recogido por BioBioChile, reporta un giro abrupto en la dinámica migratoria: centenares de personas –sobre todo venezolanas en situación irregular– están saliendo de Chile rumbo a Perú por temor a eventuales expulsiones si se concreta un cambio de gobierno.
Desorden y bloqueo de rutas en el complejo fronterizo Chacalluta.
BioBioChile describió un “preocupante desorden” en las cercanías del complejo Chacalluta, donde personas extranjeras que intentaban salir de Chile se encontraron con nuevas restricciones desde el lado peruano, llegando incluso a bloquear la ruta en ambos sentidos.
Perú anuncia estado de emergencia y militarización de la frontera con Chile.
El presidente peruano José Jerí anunció que declarará estado de emergencia en la frontera con Chile para contener el ingreso de migrantes sin autorización y proteger la seguridad ciudadana.
Un reportaje de BioBioChile detalla que la decisión de militarizar la ruta Tacna–Arica coloca bajo control castrense uno de los pasos más utilizados por personas extranjeras que buscan salir de Chile, afectando el futuro inmediato de miles de migrantes.
Migrantes quedan varados y deben regresar a Arica.
Coberturas de France24 muestran a decenas de personas –mayoritariamente venezolanas– que, tras no poder ingresar a Perú, quedan varadas en la frontera y terminan regresando a Arica, en una situación de alta incertidumbre y vulnerabilidad.
EJE 2 – Discurso punitivo y amenaza de expulsiones masivas
Kast endurece su mensaje: “Quedan 103 días para que salgan voluntariamente de Chile”.
Desde la campaña presidencial, José Antonio Kast difundió un video advirtiendo a las personas en situación irregular que tienen 103 días para abandonar voluntariamente el país, y que, de ganar las elecciones, serán buscadas y expulsadas con prohibición de reingreso. El mismo reportaje explica que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, llamó a no utilizar a los migrantes como recurso político, y se informó la creación de un comité binacional de cooperación migratoria con Perú para enfrentar la situación en la frontera.
El temor ciudadano alimenta propuestas de “mano dura”.
Un reportaje de El País del 23 de noviembre analiza cómo la inseguridad y el miedo han sido capitalizados por la ultraderecha en Chile, vinculando el aumento de la delincuencia con la migración y proponiendo expulsiones masivas y presencia militar como respuesta, lo que consolida a estos sectores como fuerza política con alta representación parlamentaria.
Desinformación sobre plazos para que migrantes salgan del país.
Un chequeo de AFP, difundido por Yahoo Noticias, aclaró que la afirmación de que Chile habría dado 128 días a migrantes haitianos para abandonar el país es falsa: se trata de una propuesta de campaña, no de una medida oficial del gobierno.
Impacto: se confirma la necesidad de monitorear y desmentir desinformación que genera pánico en comunidades específicas, en este caso haitianas.
EJE 3 – Respuesta institucional y gobernanza migratoria
Chile acoge el XV Congreso de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM).
Chile fue sede del XV Congreso de la RIAM, encabezado por el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, y la jefa de misión de la OIM en Chile. El encuentro reunió a autoridades de 21 países para coordinar estrategias de cooperación e intercambio de buenas prácticas en gestión migratoria.
Actualización de la Política Nacional de Migración y Extranjería.
El SERMIG publicó la actualización al 26 de noviembre de 2025 de la Política Nacional de Migración y Extranjería y su Plan Nacional de Acción, que fijan la hoja de ruta para una migración “ordenada, segura y regular”, con medidas inmediatas y de mediano plazo.
Gobierno despliega autoridades en Arica para enfrentar la crisis fronteriza.
El gobernador de Arica y Parinacota pidió al Presidente Gabriel Boric acudir personalmente a la frontera ante la situación generada por la decisión de Perú y la presencia de migrantes que intentan salir del país.
El Gobierno instruyó el viaje de los subsecretarios del Interior y de Seguridad Pública a Arica, anunciando un alto despliegue interinstitucional para coordinar la respuesta humanitaria y de seguridad frente a la crisis.
EJE 4 – Seguridad, crimen organizado y narrativas sobre migración
¿Es la migración la verdadera culpable de la delincuencia en Chile?
El Diario El Nortino publicó una columna que cuestiona la idea de que la migración sea la causa principal de la delincuencia, señalando que los datos de la Fiscalía muestran un fenómeno más complejo y multifactorial. El texto advierte contra los discursos que sobregeneralizan la asociación “migrante–delito” y pueden legitimar políticas discriminatorias.
OGMDH-Chile insiste en separar migración y crimen organizado.
En un artículo propio, el Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos de Chile sostuvo que las personas migrantes son principalmente víctimas, no causantes del crimen organizado, especialmente en frontera, donde bandas se benefician de su vulnerabilidad. El texto propone distinguir con claridad entre persecución penal a redes criminales y protección de los derechos de las personas migrantes.
Análisis y conclusiones desde el OGMDH-Chile
Externalización del control y “pinza” fronteriza sobre las personas migrantes.
La combinación de discurso punitivo interno (amenaza de expulsiones masivas) y medidas restrictivas externas (estado de emergencia y militarización de la frontera peruana) genera una “pinza” que aprieta por ambos lados a las personas en situación irregular. Esto produce movilidad forzada secundaria, personas varadas y violaciones potenciales al principio de no devolución y a la unidad familiar.
Electoralización extrema de la migración.
La migración se consolida como uno de los ejes centrales del ciclo electoral 2025. Las propuestas de “mano dura” –plazos para salir del país, expulsiones inmediatas, militarización– compiten en el espacio público sin suficiente debate sobre constitucionalidad, convencionalidad y viabilidad práctica, lo que aumenta la inseguridad jurídica y el miedo en las comunidades migrantes.
Respuesta estatal ambivalente: entre la gestión de crisis y la narrativa de orden.
La actualización de la Política Nacional de Migración y Extranjería y la realización del XV Congreso de la RIAM son señales de una institucionalidad que busca coordinarse a nivel interno y regional. Sin embargo, estas iniciativas coexisten con mensajes que, en la práctica, priorizan el control y la contención, especialmente en frontera, por sobre la protección integral de derechos.
Riesgo de consolidar narrativas que mezclan migración y delito.
Aunque existen datos serios sobre la expansión del crimen organizado, el uso político de esa información puede derivar en una narrativa que confunde a las víctimas migrantes con los victimarios, reforzando estigmas y habilitando políticas regresivas. El contrapeso de medios regionales, verificación de datos y análisis como los del OGMDH-Chile es clave para reencauzar el debate hacia la evidencia y los estándares de derechos humanos.
Tareas inmediatas para la sociedad civil y la academia.
- Documentar las situaciones de personas varadas en la frontera y exigir garantías mínimas de protección internacional.
- Monitorear y desmentir fake news y desinformación dirigida a colectivos específicos (como personas haitianas).
- Incidir para que las medidas de seguridad y control fronterizo respeten el principio de proporcionalidad, el control de convencionalidad y la igualdad ante la ley.