La nueva arquitectura del control migratorio en el Cono Sur: La “pinza” Chile–Perú y el desplazamiento del enfoque de derechos
Por Osvaldo Llinás Quintero Abogado. Director del Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos de Chile (OGMDH-Chile)
1. Introducción: Un cambio de paradigma en la región
Lo ocurrido recientemente en la frontera Chile–Perú no es un episodio aislado ni meramente coyuntural. Es la expresión más visible de un cambio profundo en la forma en que la región gestiona la movilidad humana: la sustitución del enfoque de derechos por una lógica de contención y excepcionalidad.
La decisión de Perú de militarizar la ruta Tacna–Arica, sumada al endurecimiento del discurso político en Chile y la amenaza de expulsiones masivas, ha configurado lo que llamamos una “pinza fronteriza”. Este mecanismo atrapa a miles de personas migrantes en un espacio donde el margen de protección se reduce drásticamente y el miedo se convierte en el regulador de conductas.
Desde el OGMDH-Chile advertimos que este proceso compromete la vigencia efectiva de las obligaciones internacionales y tensiona la legitimidad de la gobernanza migratoria en el Cono Sur.
2. La “pinza fronteriza” como zona de atrapamiento
El cierre militar del lado peruano y las mayores restricciones del lado chileno han generado una zona de atrapamiento humano: personas que no pueden avanzar hacia Perú ni retornar en condiciones dignas a Chile. Este dispositivo presenta tres rasgos críticos:
Sustitución de la gestión civil por control militar: La administración del tránsito de personas es, por esencia, una función administrativa y civil. La intervención de fuerzas armadas dificulta el acceso a información, asistencia jurídica y mecanismos de protección.
Bloqueo práctico del refugio: La militarización de pasos clave implica, en la práctica, cerrar las puertas de entrada al sistema de asilo. Cuando el primer contacto es un cordón militar, la solicitud de protección queda supeditada a la seguridad nacional, no a los DD.HH.
Construcción de un “anillo de presión”: La frontera norte se suma a un circuito de contención regional donde los migrantes circulan sin encontrar un territorio que reconozca plenamente sus derechos.
3. El miedo como herramienta informal de política pública
El temor a las expulsiones masivas, alimentado por la retórica de campaña electoral, funciona hoy como un motor de movilidad forzada secundaria. En la práctica, el miedo opera como un mecanismo informal de regulación: muchas personas intentan “salir antes de que sea tarde”, provocando salidas apresuradas, familias varadas sin redes de apoyo y retornos involuntarios a Arica en condiciones de precariedad.
Una política migratoria que se sostiene en percepciones de amenaza, y no en normas claras y procedimientos garantistas, erosiona la confianza en las instituciones y multiplica los riesgos humanitarios.
4. Crisis de gobernanza: La seguridad sobre el derecho
El marco normativo interamericano es claro al exigir acceso al territorio, evaluación individual de riesgos, respeto al principio de no devolución y prioridad absoluta al interés superior del niño.
Sin embargo, las decisiones adoptadas por Chile y Perú muestran una priorización casi exclusiva de la lógica de contención. Desde una perspectiva de gobernanza, esto se traduce en medidas reactivas, falta de coordinación interestatal efectiva y una normalización de la excepcionalidad. La consecuencia es una pérdida de legitimidad de la política migratoria, tanto ante la población migrante como ante la ciudadanía.
5. Migración como instrumento electoral
La migración se ha transformado en un eje central de la campaña presidencial en Chile. Se difunden propuestas como plazos de salida perentorios o deportaciones masivas sin un análisis riguroso de su compatibilidad constitucional, su convencionalidad internacional ni su viabilidad presupuestaria.
Cuando la movilidad humana se utiliza como activo electoral, se distorsiona el debate público y se refuerzan estigmas. Una democracia que define su política migratoria sobre la presión electoral, y no sobre evidencia jurídica, compromete su estabilidad institucional.
6. El costo humano: Rostros tras la militarización
Detrás de cada operativo o cierre de ruta, hay historias concretas que la burocracia ignora:
Niñez en riesgo: Niños y niñas en tránsito sin acceso a salud o educación.
Violencia de género: Mujeres solas expuestas a violencia sexual y trata al buscar rutas alternativas.
Pérdida de derechos: Personas que pierden la oportunidad de solicitar refugio por falta de accesos regulares.
La gobernanza migratoria no puede reducirse a estadísticas. Una política que ignora el fundamento ético de la dignidad humana termina reforzando justamente aquello que dice combatir: la irregularidad y el crimen organizado.
7. Propuestas del OGMDH-Chile: Líneas de acción urgentes
Para salir de esta crisis, el Observatorio propone cinco líneas estratégicas para Chile y la región:
Recuperar la conducción civil: La participación de fuerzas armadas debe ser estrictamente excepcional; la gestión ordinaria debe volver a instituciones civiles.
Corredor humanitario binacional: Un mecanismo coordinado Chile–Perú para el tránsito seguro, priorizando a grupos vulnerables.
Sistema de información unificado: Canales oficiales coherentes y accesibles para combatir la desinformación y el pánico.
Supervisión internacional: Monitoreo preventivo de ACNUR, OIM y la CIDH para evitar cuellos de botella permanentes.
Despolitizar la política migratoria: Basar el diseño de normas en diagnósticos técnicos y evidencia, no en ciclos electorales.
8. Conclusión
La situación en la frontera Chile–Perú es un test de estrés institucional para la región. Lo que está en juego no es solo la capacidad operativa de control, sino la voluntad política de gobernar la movilidad humana sin abandonar el marco de los derechos humanos.
Desde el OGMDH-Chile reafirmamos: ninguna política pública es legítima si se construye a costa de la dignidad humana.