Durante la semana comprendida entre el 13 y el 20 de diciembre de 2025, la noticia con mayor impacto estructural en materia migratoria fue, sin lugar a dudas, la elección presidencial y el triunfo de José Antonio Kast como nuevo presidente de la República.
Más allá del resultado electoral en sí mismo, este hecho marca un punto de inflexión en la gobernanza migratoria chilena, instalando un nuevo marco político, discursivo e institucional en el cual la migración pasa a ser tratada prioritariamente como un asunto de seguridad y control, antes que como un fenómeno social y de derechos humanos.
Durante la campaña presidencial, la migración irregular fue presentada de manera reiterada como una amenaza al orden público y a la seguridad ciudadana, asociándola discursivamente al crimen organizado y al deterioro de los servicios estatales. Esta narrativa, ahora validada por el respaldo electoral, anticipa un endurecimiento de las políticas migratorias, con especial énfasis en expulsiones administrativas, control fronterizo y restricciones al acceso a procesos de regularización.
El impacto de este giro no es meramente simbólico. Para miles de personas migrantes —especialmente aquellas en situación administrativa irregular o con trámites pendientes— el cambio de ciclo político ha generado incertidumbre jurídica, temor y retraimiento social, elementos que incrementan la vulnerabilidad y, paradójicamente, pueden profundizar la irregularidad que se dice combatir.
Desde una perspectiva de derechos humanos y Estado de Derecho, el desafío central será evitar que la agenda securitaria derive en medidas regresivas, incompatibles con la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile, como el principio de no devolución, la unidad familiar, el interés superior del niño y el debido proceso administrativo.
La elección presidencial no solo redefine quién gobierna, sino cómo se gobierna la migración. En este nuevo escenario, el rol de los tribunales, de la sociedad civil y de los observatorios independientes será clave para resguardar que el legítimo control migratorio no se transforme en exclusión institucional ni en vulneración sistemática de derechos fundamentales.
Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos de Chile (OGMDH-Chile)
Dirección General: Osvaldo Llinás Quintero