La semana del 21 al 27 de diciembre de 2025 marcó un punto de inflexión en el debate migratorio chileno. El anuncio del presidente electo José Antonio Kast —quien aseguró que impulsará una reforma para convertir la migración irregular en un delito dentro de los primeros 90 días de su gobierno— abre un escenario de enorme preocupación para la protección de derechos humanos en el país.
No se trata de un ajuste técnico ni de una modificación menor. Estamos frente a un cambio estructural que redefine la relación del Estado con cientos de miles de personas migrantes y que instala un precedente peligroso en la región.
Un giro que rompe con los estándares internacionales
La migración irregular, según los organismos internacionales, no es un delito, sino una condición administrativa. Así lo han sostenido por años:
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos
- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Criminalizar el estatus migratorio no solo contradice estos estándares, sino que abre la puerta a:
- Detenciones masivas
- Expulsiones sin debido proceso
- Persecución penal basada en la mera presencia territorial
- Discriminación institucionalizada
Chile, que durante décadas fue referente en materia de derechos humanos, se arriesga a retroceder hacia políticas que ya han demostrado ser ineficaces, costosas y profundamente dañinas.
El discurso de la seguridad como justificación
El anuncio presidencial se sostiene en una narrativa que vincula la migración irregular con el crimen organizado. Sin embargo, los datos disponibles muestran una realidad distinta.
Un ejemplo reciente proviene de Magallanes: solo el 5,3% de los detenidos en 2025 son extranjeros. Esta cifra, entregada por Carabineros, desmonta la idea de una “ola delictual migrante” y evidencia la distancia entre percepción y realidad.
La seguridad pública es un desafío real, pero no se resuelve criminalizando a quienes buscan vivir, trabajar y reconstruir su vida en Chile.
El riesgo de la criminalización masiva
Convertir la migración irregular en delito implica que:
- Personas que ingresaron por pasos no habilitados —muchas veces huyendo de crisis humanitarias— podrían enfrentar penas de cárcel.
- Quienes no se autodenuncien quedarían expuestos a persecución penal, aun cuando no hayan cometido ningún otro delito.
- Se habilitaría un sistema de control policial selectivo, donde la apariencia, el acento o el color de piel podrían convertirse en criterios de sospecha.
- Se incentivaría la clandestinidad, dificultando el acceso a salud, educación y justicia.
En la práctica, esta política no detiene la migración: solo la vuelve más peligrosa y más costosa en vidas humanas.
Un país que se aleja de su propia historia
Chile es un país construido por migraciones. Desde los flujos europeos del siglo XIX hasta las comunidades latinoamericanas actuales, la movilidad humana ha sido parte de nuestra identidad.
Criminalizar la migración irregular significa romper con esa tradición, y además:
- Debilitar la cohesión social
- Aumentar la discriminación
- Generar miedo y desconfianza
- Deteriorar la convivencia en barrios, escuelas y espacios públicos
El país necesita políticas migratorias serias, humanas y basadas en evidencia, no respuestas punitivas que castigan la pobreza y la desesperación.
Lo que el Observatorio seguirá monitoreando
Desde el OGMDH–Chile continuaremos observando con atención:
- El contenido concreto del proyecto de ley anunciado
- Su compatibilidad con el derecho internacional
- El impacto en comunidades migrantes
- Las prácticas policiales y administrativas que puedan derivarse
- La evolución del discurso público y mediático
Nuestro compromiso es claro: defender los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio.
Conclusión
La criminalización de la migración irregular no es una política moderna ni eficaz. Es un retroceso que amenaza la dignidad humana, erosiona el Estado de Derecho y profundiza la desigualdad.
Chile está a tiempo de elegir otro camino: uno que combine seguridad con humanidad, control con justicia, y soberanía con respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
El Observatorio seguirá alzando la voz para que así sea.
Por Osvaldo Llinás, Director del Observatorio de Migración y Derechos Humanos (OGMDH–Chile)