La última semana de 2025 y los primeros días de 2026 marcaron un punto de inflexión en la agenda migratoria chilena. El debate público se concentró en tres grandes ejes:
- El uso político del llamado “corredor migratorio o humanitario” como mecanismo de salida de personas migrantes irregulares.
- El endurecimiento de la coordinación fronteriza Chile–Perú y la discusión sobre devoluciones de personas migrantes.
- El avance de investigaciones penales contra el Tren de Aragua, particularmente por el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
Este informe recoge, analiza y conecta las principales noticias publicadas por los medios de prensa chilenos más relevantes durante este período, desde una perspectiva de gobernanza migratoria, derechos humanos y seguridad democrática.
1. El “corredor migratorio” como eje del debate político
Durante estos días se reactivó con fuerza el debate sobre la creación de un corredor migratorio o corredor humanitario para facilitar la salida de personas migrantes en situación irregular desde Chile hacia sus países de origen u otros Estados de tránsito.
Desde la perspectiva del Observatorio, este concepto presenta una ambigüedad estructural:
- En el derecho internacional, un corredor humanitario es un mecanismo de protección, no de expulsión, utilizado para evacuar personas en riesgo, refugiados o víctimas de conflictos.
- En el debate chileno actual, el término se ha utilizado como un instrumento de gestión de la irregularidad, con un claro trasfondo de control y reducción forzada de población migrante.
El riesgo jurídico central es que el “corredor” se transforme en una expulsión sin decreto, basada en presión social, administrativa y económica: restricción al trabajo, al arriendo, a la atención de salud o a la educación.
Esto constituye lo que en el derecho internacional de los derechos humanos se conoce como “expulsión por sufrimiento”: no se dicta una orden formal de expulsión, pero se generan condiciones de vida incompatibles con la dignidad humana, forzando la salida.
2. Coordinación Chile–Perú y el riesgo de devoluciones en cadena
En paralelo, Perú anunció públicamente que no permitirá el ingreso de personas migrantes irregulares, y que coordina con Chile mecanismos de control y devolución en frontera.
Desde Chile, el Gobierno respondió que existe coordinación bilateral y que el refuerzo fronterizo es beneficioso para ambos países.
El problema jurídico no es la cooperación entre Estados —que es legítima— sino cómo se realiza.
Desde el derecho internacional y el derecho migratorio chileno:
- Toda persona tiene derecho a evaluación individualizada de su situación.
- Está prohibida la devolución en cadena (Chile → Perú → tercer país) si existe riesgo de persecución, violencia o violación de derechos humanos.
- El principio de no devolución (non-refoulement) protege especialmente a solicitantes de refugio, víctimas de trata, niños, niñas y adolescentes, y personas en riesgo.
La experiencia comparada muestra que cuando los Estados priorizan la “velocidad” del control por sobre las garantías, se multiplican las vulneraciones.
3. ClaveÚnica y la criminalización administrativa de la irregularidad
Durante la semana, parlamentarios anunciaron acciones ante la Contraloría General de la República para impedir que personas migrantes en situación irregular accedan a ClaveÚnica, el sistema de identidad digital del Estado.
Desde una perspectiva de gobernanza pública, esto es profundamente contradictorio:
- La identidad digital no legaliza la permanencia, pero sí permite trazabilidad, registro y control estatal.
- Impedir el acceso a ClaveÚnica empuja a miles de personas a la informalidad total, debilitando la capacidad del Estado para saber quién está, dónde está y en qué condiciones vive.
Este tipo de medidas no reduce la irregularidad: la invisibiliza, lo que fortalece a redes de explotación laboral, trata y crimen organizado.
4. El caso Ronald Ojeda y el Tren de Aragua
La dimensión penal y transnacional del fenómeno migratorio quedó marcada por dos grandes hitos:
a) Avance de la investigación del asesinato de Ronald Ojeda
Reportajes de investigación revelaron nuevas evidencias que vinculan el crimen con una estructura organizada de alcance internacional, vinculada al Tren de Aragua.
Se trata de un caso de seguridad nacional, crimen organizado y política internacional, no de “delito migrante”.
b) Acusación contra la célula “Los Piratas”
La Fiscalía formalizó acusación contra miembros de esta célula del Tren de Aragua, solicitando penas extremadamente altas por homicidio, secuestro y asociación criminal.
Este es un punto clave:
Chile sí está avanzando en la persecución penal del crimen organizado transnacional.
El peligro es otro: que estos casos se usen para construir un relato donde migración = delincuencia, lo que es empíricamente falso y jurídicamente inaceptable.
5. El riesgo del “efecto fantasma”
Durante estos días también circuló análisis periodístico advirtiendo sobre el llamado “fantasma del Tren de Aragua”: cuando toda delincuencia se le atribuye a una sola organización, se pierde precisión, se debilita la persecución penal real y se alimenta el miedo social.
Esto termina legitimando políticas de castigo colectivo contra personas migrantes, que nada tienen que ver con estructuras criminales.
Conclusiones del Observatorio
- El corredor migratorio, si no se diseña con enfoque de derechos humanos, corre el riesgo de convertirse en una expulsión encubierta por sufrimiento.
- La coordinación Chile–Perú debe ser monitoreada estrictamente para evitar devoluciones ilegales y violaciones al principio de no devolución.
- Bloquear la ClaveÚnica a migrantes irregulares debilita al Estado y fortalece la informalidad y el crimen organizado.
- El Tren de Aragua debe ser combatido con derecho penal moderno, no con discursos que criminalizan a comunidades migrantes enteras.
- Chile enfrenta en 2026 una disyuntiva estructural: gobernanza migratoria basada en derechos y evidencia, o política del miedo y la exclusión.
Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos de Chile – OGMDH-Chile
Investigación, análisis y defensa de los derechos fundamentales en contextos de movilidad humana.