Durante la primera semana de enero de 2026, la migración volvió al centro de la agenda política y diplomática de Chile. La visita del presidente electo José Antonio Kast a Perú y su propuesta de establecer un corredor humanitario para personas migrantes en situación irregular, principalmente venezolanas, marcó un punto de inflexión en la forma en que el nuevo gobierno busca enfrentar el fenómeno migratorio regional.
La propuesta fue planteada públicamente el 8 de enero de 2026 durante su visita oficial a Lima, en el marco de conversaciones sobre cooperación bilateral en migración, crimen organizado y control fronterizo, dejando claro que cualquier decisión formal deberá adoptarse tras asumir la Presidencia el 11 de marzo de 2026.
Un corredor humanitario en el centro del debate regional
Según información oficial difundida por agencias de prensa internacional, el corredor humanitario buscaría crear un mecanismo coordinado entre países de la región para canalizar la salida de migrantes irregulares de Chile de manera “ordenada” y con apoyo logístico y diplomático.
La iniciativa se discutió en conjunto con las autoridades peruanas en el marco de una agenda binacional orientada a enfrentar tanto la migración irregular como el crimen organizado transnacional.
Este enfoque supone un giro importante respecto de la política migratoria tradicional chilena, que históricamente ha estado centrada en procedimientos administrativos internos (expulsión, abandono, regularización) más que en esquemas regionales de movilidad humana.
El otro eje: llamados al abandono del país
Paralelamente, el presidente electo Kast reiteró públicamente su llamado a que las personas migrantes en situación irregular abandonen voluntariamente Chile, sosteniendo que el país no puede seguir soportando una migración sin control y que es necesario reforzar la frontera norte.
Este discurso ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, comunidades migrantes y actores sociales, por su impacto directo en:
- El acceso a derechos básicos (salud, vivienda, educación),
- El riesgo de estigmatización, y
- La posible vulneración del principio de no devolución (non-refoulement) cuando existan situaciones de persecución, riesgo o crisis humanitaria.
Chile frente a su marco jurídico
Chile no parte desde un vacío normativo. La Ley de Migración y Extranjería N° 21.325 establece que toda política migratoria debe regirse por:
- El principio de respeto y promoción de los derechos humanos,
- El interés superior del niño, niña y adolescente, y
- Los tratados internacionales ratificados por Chile, incluidos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Además, el propio Estado ha reforzado su coordinación interinstitucional en frontera, como quedó reflejado en la V sesión del Comité de Coordinación Nacional de Fronteras realizada el 6 de enero de 2026, convocada por el Ministerio del Interior y con participación de Cancillería, Defensa y servicios especializados.
La dimensión humana del fenómeno
Las cifras oficiales y periodísticas muestran que la población venezolana constituye hoy uno de los grupos migrantes más numerosos en Chile, con fuerte presencia laboral, familiar y territorial, según datos basados en el Censo 2024 y reportajes nacionales recientes.
Hablar de corredores de salida, retornos o abandonos sin integrar variables como:
- Arraigo familiar,
- Trayectoria laboral,
- Niñez migrante, y
- Situaciones de protección internacional,
implica el riesgo de generar nuevas crisis humanitarias dentro del propio territorio chileno.
Posición del Observatorio OGMDH-Chile
Desde el Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos de Chile, afirmamos con claridad:
- Un corredor humanitario solo es legítimo si es realmente humanitario.
Debe estar construido sobre estándares internacionales, con participación de organismos como ACNUR y OIM, y con garantías de información, asesoría legal y protección efectiva. - La migración irregular no puede abordarse como un problema policial.
La experiencia comparada demuestra que los enfoques punitivos generan mayor clandestinidad, explotación y trata de personas. - Chile tiene obligaciones internacionales que no se suspenden por razones políticas. El principio de no devolución, el derecho al debido proceso y la protección de la niñez migrante son límites jurídicos infranqueables.
Conclusión
La semana que transcurrió entre el 4 y el 10 de enero de 2026 marca el inicio de una nueva etapa en la política migratoria chilena. La propuesta de un corredor humanitario puede ser una oportunidad de cooperación regional o el inicio de una política de expulsión encubierta.
El resultado dependerá de si Chile decide gobernar la migración con derechos, legalidad y humanidad, o con miedo, exclusión y estigmatización.
El OGMDH-Chile seguirá monitoreando este proceso, documentando sus impactos y defendiendo los estándares que protegen la dignidad de las personas migrantes.
Por Osvaldo Llinás, Director del Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos de Chile (OGMDH-Chile)