En la segunda semana de enero, el debate migratorio volvió a ocupar un lugar central en la conversación pública chilena. Entre anuncios legislativos, tensiones diplomáticas y decisiones judiciales, emergió una señal que marca el tono del nuevo ciclo político: la intención del gobierno entrante de restablecer el delito de ingreso irregular al país. La propuesta, que resuena con fuerza en ciertos sectores, invita a revisar con serenidad y rigor qué significa realmente criminalizar la migración en un país que ya transitó ese camino y conoce sus consecuencias.
Criminalizar no es gobernar. Es, más bien, desplazar un fenómeno complejo hacia el terreno del castigo, sin atender sus causas ni sus efectos humanos. La experiencia chilena -y la comparada- demuestra que estas medidas no reducen flujos ni fortalecen la seguridad pública. Lo que sí generan es mayor clandestinidad, temor a acudir a servicios esenciales y una vulnerabilidad extrema frente a redes de trata y tráfico. En otras palabras, la penalización no ordena la migración: la empuja a la sombra.
El anuncio llega, además, en un momento institucional delicado. El sistema penitenciario opera con una sobreocupación que supera el 140%, Fiscalía enfrenta una carga creciente de delitos complejos y Gendarmería arrastra déficits estructurales que dificultan su labor. Incorporar miles de nuevos casos por ingreso irregular no solo es impracticable: es desviar recursos desde la persecución de delitos graves hacia la criminalización de personas cuyo único acto ha sido cruzar una frontera en busca de protección, trabajo o reunificación familiar.
A ello se suma un elemento esencial: Chile no legisla en un vacío normativo. El país está vinculado por tratados internacionales, por la Ley 21.325 y por principios que no admiten excepciones coyunturales: “el interés superior del niño, el debido proceso, la proporcionalidad y el principio de no devolución”. Cualquier política migratoria que ignore estos límites erosiona no solo derechos individuales, sino también la legitimidad del propio Estado.
El riesgo, entonces, no es solo jurídico o institucional. Es también social. Vincular migración con criminalidad -aunque sea de manera implícita- alimenta estigmas, profundiza tensiones territoriales y deteriora la convivencia. En un país donde la diversidad ya es parte de la vida cotidiana, insistir en narrativas punitivas es retroceder en cohesión y humanidad.
Chile está a tiempo de elegir un camino distinto. La gobernanza migratoria moderna no se construye desde el castigo, sino desde la evidencia, la cooperación regional, la gestión fronteriza con enfoque humanitario y la integración efectiva. Gobernar la migración es comprenderla, no perseguirla.
Desde el Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos de Chile seguiremos observando, documentando y aportando análisis técnico para que las decisiones que se adopten estén a la altura de los estándares que protegen la dignidad de todas las personas.