Coyuntura migratoria en Chile (18 al 31 de enero de 2026)
Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos de Chile (OGMDH-Chile)
Período analizado: 18 al 31 de enero de 2026
Informe de acceso público
I. Introducción
El presente Informe OGMDH N°13 tiene por objeto sistematizar y analizar los hechos noticiosos más relevantes ocurridos entre el 18 y el 31 de enero de 2026 que inciden en la situación de las personas migrantes en Chile, en la gestión administrativa migratoria y en el debate público nacional.
El informe se elabora conforme a la metodología editorial del OGMDH-Chile, utilizando como insumo primario noticias de prensa nacional y publicaciones oficiales del Estado, integrando un análisis jurídico, institucional y de derechos humanos, con el fin de contribuir a la transparencia, al control democrático y al debate público informado.
II. Hechos y noticias relevantes de la semana
1. Primer vuelo de expulsiones de 2026: 83 personas extranjeras deportadas
Durante el período analizado, el Gobierno de Chile informó la realización del primer vuelo chárter de expulsiones del año 2026, mediante el cual 83 personas extranjeras fueron deportadas a Colombia y Bolivia, combinando expulsiones administrativas y judiciales.
Las autoridades destacaron que esta medida se enmarca en una política sostenida de control migratorio, informando cifras acumuladas de expulsiones desde el año 2022. Sin embargo, la cobertura mediática evidenció una presentación homogénea del fenómeno, sin distinguir claramente entre los distintos tipos de expulsión ni sus respectivos estándares jurídicos.
2. Judicialización de la demora administrativa: residencia definitiva
En un fallo relevante para la gobernanza migratoria, una Corte de Apelaciones acogió un recurso interpuesto por un ciudadano venezolano cuya solicitud de residencia definitiva permanecía sin resolución por casi tres años, ordenando a la autoridad administrativa dictar una decisión fundada en un plazo de 30 días.
La sentencia reafirma la vigencia del principio de plazo razonable, el deber de motivación de los actos administrativos y el derecho a una tutela judicial efectiva frente a la inactividad del Estado.
3. Judicialización de la demora administrativa: carta de nacionalización
En la misma línea, otra Corte de Apelaciones ordenó resolver, en un plazo de 60 días, una solicitud de carta de nacionalización que llevaba más de un año y siete meses sin respuesta.
Este fallo confirma una tendencia jurisprudencial reiterada en materia migratoria y de nacionalidad, reforzando el control judicial frente a la demora excesiva y la vulneración del debido proceso administrativo.
4. Publicación oficial sobre refugio e inserción sociolaboral
El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), en conjunto con ACNUR, dio a conocer los resultados de un estudio sobre la inserción sociolaboral de personas refugiadas en Chile, destacando desafíos estructurales en acceso al empleo, regularización documental y protección social.
Este reporte oficial introduce una dimensión de integración y protección internacional, contrastando con el énfasis predominante en medidas de control y expulsión observado en la misma semana.
5. Debate público sobre empadronamiento biométrico y migración venezolana
Una investigación periodística puso en el centro del debate la situación de las personas migrantes venezolanas en Chile, particularmente en relación con el empadronamiento biométrico, la utilización de bases de datos estatales y la incertidumbre respecto de su impacto en procesos de regularización y control migratorio.
El reportaje plantea interrogantes relevantes sobre finalidad, proporcionalidad y resguardo de datos personales, desde una perspectiva de derechos humanos.
6. Regularización migratoria como eje de derechos humanos
Desde el ámbito académico y comunicacional, se publicaron análisis que posicionan la regularización migratoria como un eje central de justicia social y derechos humanos, enfatizando la necesidad de políticas públicas que superen un enfoque exclusivamente sancionatorio.
III. Marco normativo y estándares aplicables
Los hechos analizados se vinculan directamente con:
- La Constitución Política de la República (debido proceso e igualdad ante la ley).
- La Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.
- La Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.
- Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, en especial:
1. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. Principio de no devolución en materia de refugio.
3. Estándares de control de convencionalidad.
IV. Análisis jurídico y de derechos humanos
Del análisis conjunto de los hechos se desprenden las siguientes observaciones:
- La política de expulsiones continúa ocupando un lugar central en el discurso gubernamental, sin una diferenciación suficiente entre expulsión administrativa y judicial, lo que puede afectar la comprensión pública del fenómeno migratorio.
- La reiteración de fallos judiciales que ordenan resolver solicitudes pendientes evidencia deficiencias estructurales en la gestión administrativa migratoria.
- La judicialización de la demora se consolida como un mecanismo de corrección institucional, ante la inactividad prolongada de la autoridad.
- Los reportes oficiales sobre refugio e integración muestran una agenda migratoria incompleta, donde control e integración no siempre avanzan de forma equilibrada.
- El uso de herramientas como el empadronamiento biométrico exige estándares claros de proporcionalidad, finalidad y protección de datos, conforme al derecho internacional de los derechos humanos.
V. Observaciones y tendencias
- Consolidación del control judicial del plazo razonable en materia migratoria.
- Persistencia de un enfoque público centrado en seguridad y expulsión, con menor visibilidad de integración y protección.
- Aumento del rol de los tribunales como garantes de derechos fundamentales frente a la inactividad administrativa.
- Necesidad de fortalecer una gobernanza migratoria basada en evidencia, derechos humanos y rendición de cuentas.
VI. Conclusiones
- La coyuntura analizada confirma una tensión estructural entre control migratorio y protección de derechos fundamentales.
- La demora administrativa constituye una de las principales vulneraciones al debido proceso en materia migratoria.
- La jurisprudencia reciente reafirma el rol de los tribunales como contrapeso frente a la ineficiencia institucional.
- La política migratoria requiere integrar de forma coherente control, regularización, integración y protección internacional.
- Resulta indispensable avanzar hacia una gestión migratoria transparente, motivada y respetuosa de los estándares internacionales.
VII. Referencias (APA 7ª edición)
BioBioChile. (2026, enero 25). Deportan a 83 extranjeros hacia Colombia y Bolivia: Gobierno destaca 4.421 expulsiones desde 2022. https://www.biobiochile.cl
Ciper Chile. (2026, enero 29). Migrantes venezolanos en Chile: de la celebración a la incertidumbre. https://www.ciperchile.cl
El Desconcierto. (2026, enero 22). Corte ordena resolver solicitud de residencia definitiva en 30 días. https://eldesconcierto.cl
El Desconcierto. (2026, enero 28). Corte ordena resolver carta de nacionalización en 60 días. https://eldesconcierto.cl
La Tercera. (2026, enero 25). Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile. https://www.latercera.com
Radio Universidad de Chile. (2026, enero 28). Regularización migratoria como eje de derechos humanos y justicia social. https://radio.uchile.cl
Servicio Nacional de Migraciones. (2026, enero). SERMIG y ACNUR presentan estudio sobre inserción sociolaboral de personas refugiadas. https://serviciomigraciones.cl