Migración, expulsiones y políticas públicas en Chile
Periodo analizado: 1 al 7 de febrero de 2026
Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos de Chile (OGMDH-Chile)
1. Resumen Ejecutivo
Durante la semana comprendida entre el 1 y el 7 de febrero de 2026, la agenda migratoria chilena estuvo marcada por la continuidad y validación política de las expulsiones administrativas y judiciales, el uso comunicacional del control migratorio como eje de seguridad pública, y una creciente tensión entre discursos de endurecimiento y estándares de derechos humanos.
El debate público se vio influido por el primer vuelo de expulsiones del año, ejecutado a fines de enero pero ampliamente referenciado durante esta semana, así como por datos de opinión pública que reflejan una ciudadanía dividida entre el rechazo a la migración irregular y el apoyo a mecanismos de regularización. No se registraron avances normativos sustantivos, pero sí una consolidación de una narrativa estatal orientada al control, expulsión y disuasión.
2. Hechos Relevantes de la Semana
2.1. Expulsiones administrativas y judiciales como política sostenida
Durante la primera semana de febrero, diversos medios nacionales continuaron informando y analizando el operativo de expulsión aérea ejecutado el 25 de enero de 2026, mediante el cual 83 personas extranjeras fueron expulsadas desde Chile hacia Colombia y Bolivia, en coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones (PDI).
De acuerdo con información oficial difundida por la prensa, 27 expulsiones correspondieron a causales judiciales (delitos como tráfico de drogas, porte de armas y hurtos), mientras que 56 fueron expulsiones administrativas, principalmente asociadas a ingreso por paso no habilitado o infracciones a la normativa migratoria vigente.
Este operativo continuó siendo utilizado como referente político y comunicacional durante la semana analizada, consolidando la expulsión como instrumento central de la política migratoria actual.
2.2. Opinión pública y percepción social sobre migración
Durante el periodo analizado se difundieron resultados de la Encuesta Plaza Pública Cadem, que evidencian una alta percepción negativa respecto de la migración irregular, pero, simultáneamente, un apoyo significativo a procesos de regularización para personas migrantes ya insertas en el país.
Este dato resulta especialmente relevante, ya que confirma la existencia de una tensión estructural entre el control migratorio y el enfoque de derechos, una contradicción que no ha sido abordada de forma integral por las políticas públicas actuales.
2.3. Discursos políticos y propuestas de endurecimiento migratorio
Durante la semana se mantuvo activa la discusión pública sobre propuestas de control reforzado, expulsiones aceleradas y eventuales mecanismos de “corredores” o salidas masivas, impulsadas desde sectores políticos vinculados a seguridad y orden público.
Diversos análisis advirtieron que este tipo de propuestas carecen de desarrollo técnico suficiente, y podrían generar alta litigiosidad, sobrecarga administrativa y vulneraciones al debido proceso, especialmente en contextos donde existen arraigos familiares, laborales o residencia prolongada.
3. Análisis Jurídico-Institucional
Desde una perspectiva de Gobernanza Pública Orientada a Derechos Humanos, los hechos de la semana confirman una aplicación predominantemente sancionatoria de la Ley N° 21.325, con énfasis en la expulsión como respuesta principal frente a la irregularidad migratoria.
Se observa:
- Uso reiterado de expulsiones administrativas sin una evaluación pública visible de arraigo, proporcionalidad ni efectos familiares.
- Ausencia de información clara sobre medidas alternativas a la expulsión, pese a que el marco legal y los tratados internacionales ratificados por Chile exigen ponderación individual.
- Consolidación de un enfoque comunicacional que asocia migración irregular con criminalidad, sin distinguir adecuadamente entre infracciones administrativas y delitos penales.
Este escenario plantea riesgos evidentes de vulneración al principio de proporcionalidad, al debido proceso administrativo y al principio de no devolución, especialmente en casos de larga permanencia en el país.
4. Alertas y Tendencias Identificadas
- Normalización de la expulsión como política pública estructural, más allá de su carácter excepcional.
- Judicialización creciente como consecuencia de decisiones administrativas poco fundadas o estandarizadas.
- Desplazamiento del enfoque de integración en favor de una narrativa de seguridad y control.
- Desalineación entre opinión pública (que apoya regularización) y acción estatal centrada en expulsión.
5. Conclusiones
- La semana del 1 al 7 de febrero de 2026 confirma una continuidad sin ajustes sustantivos en la política migratoria chilena, con fuerte énfasis en expulsiones.
- La falta de medidas integrales de regularización contrasta con la evidencia empírica de opinión pública.
- El enfoque predominante presenta riesgos jurídicos relevantes desde la óptica de derechos humanos y convencionalidad.
- Resulta indispensable reorientar la política migratoria hacia criterios de proporcionalidad, arraigo y debido proceso, evitando soluciones simplificadas que profundizan la conflictividad institucional.
6. Referencias (APA 7ª edición)
La Tercera. (2026). Primer vuelo de expulsiones en 2026: 83 ciudadanos extranjeros son deportados desde Chile a Colombia y Bolivia.
Cadem. (2026). Mayoría de los chilenos rechaza la migración irregular, pero apoya regularización.
El Nacional. (2026). Viabilidad y efectos jurídicos de propuestas de expulsión masiva en Chile.