INFORME SEMANAL DE GOBERNANZA MIGRATORIA N°20
Período de análisis: 16 de marzo – 21 de marzo de 2026
Seguridad pública, ejecución penal y gobernanza migratoria: desafíos de coherencia institucional
Durante la tercera semana de marzo de 2026, el escenario nacional estuvo marcado por un fuerte énfasis en materia de seguridad pública, particularmente tras la ejecución de operativos policiales a nivel nacional que permitieron la detención de 2.905 personas con órdenes de captura pendientes. En paralelo, el sistema migratorio chileno continúa enfrentando dificultades relevantes en la ejecución de expulsiones administrativas, retrasos en procesos de nacionalización y la necesidad de fortalecer sus sistemas de información.
Principales hallazgos de la semana
- Se ejecutan operativos policiales masivos con detención de 2.905 personas con órdenes pendientes.
- Se mantiene un universo aproximado de 37.000 prófugos, evidenciando déficit estructural de ejecución penal.
- Se reafirma la aplicación de la expulsión judicial como pena sustitutiva en el sistema penal.
- Persisten dificultades en la ejecución de expulsiones administrativas por factores operativos y diplomáticos.
- Continúa el rezago en procesos de nacionalización y acumulación de expedientes administrativos.
- Se desarrollan avances en modernización institucional mediante sistemas de información migratoria.
- Se registran intervenciones territoriales en asentamientos, generando desafíos en materia de derechos humanos.
Análisis OGMDH-Chile
La evidencia observada durante la semana permite advertir una tensión estructural en la gobernanza estatal, caracterizada por la coexistencia de tres dimensiones críticas:
- Déficit de ejecución penal
- Sobrecarga administrativa migratoria
- Desalineación entre discurso público y capacidad institucional
El operativo policial masivo refleja una capacidad relevante de acción del Estado, pero al mismo tiempo pone de manifiesto la necesidad de recurrir a medidas extraordinarias para cumplir resoluciones judiciales, lo que evidencia una debilidad en la ejecución regular del sistema penal.
Asimismo, se observa una tendencia en el debate público a vincular fenómenos de seguridad con migración, lo que requiere ser abordado con precisión jurídica. La política penal y la política migratoria responden a marcos normativos distintos y su confusión puede generar distorsiones en la formulación de políticas públicas.
En este contexto, el sistema migratorio continúa enfrentando desafíos significativos en materia de eficiencia administrativa, ejecución de medidas y capacidad de respuesta, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la institucionalidad y mejorar los procesos de gestión pública.
Conclusión Institucional
El escenario actual evidencia que Chile enfrenta un desafío estructural en la coordinación entre seguridad pública, gestión administrativa y gobernanza migratoria.
Más allá del control territorial o de la intensificación de operativos, el principal desafío radica en consolidar un Estado capaz de ejecutar de manera regular, eficiente y coherente sus decisiones, garantizando al mismo tiempo el respeto a los principios del debido proceso, la seguridad jurídica y los estándares de derechos humanos.
El fortalecimiento de la institucionalidad, la mejora de los sistemas de información y la diferenciación adecuada entre política penal y migratoria aparecen como elementos clave para avanzar hacia un modelo de gobernanza más sólido y equilibrado.
Abogado · (c) Dr. en Gobierno y Gestión Pública, UNICEQ Global, México
Director — Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos (OGMDH-Chile)
Director — Defensa Migrantes SpA