Frontera norte, medida humanitaria para venezolanos y dimensión penal transnacional

Informe Semanal OGMDH-Chile N.° 35

Frontera norte, medida humanitaria para venezolanos y dimensión penal transnacional
Análisis jurídico del control fronterizo reforzado, el protocolo de salida excepcional del SERMIG tras los sismos en Venezuela y el avance del juicio por el crimen de Ronald Ojeda

Resumen Ejecutivo

La semana estuvo marcada por cuatro ejes: la consolidación de la baja del ingreso irregular en la frontera norte, la activación de un protocolo humanitario del SERMIG para la salida de ciudadanos venezolanos con documentos vencidos tras los sismos en Venezuela, la continuidad de las expulsiones y el avance del juicio por el secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda. El OGMDH-Chile observa la consolidación de un modelo securitizado, atenuado por una excepción humanitaria focalizada que, sin constituir regularización, reconoce la fragilidad consular de la comunidad venezolana. La dimensión penal transnacional del caso Ojeda refuerza el entrelazamiento entre gestión migratoria, seguridad pública y cooperación judicial internacional.

I. Contexto y antecedentes

Según el Informe Estadístico Migratorio de la Policía de Investigaciones (PDI) correspondiente al período enero–mayo de 2026, los ingresos por pasos no habilitados en la macrozona norte descendieron un 86 % respecto de igual período de 2025, pasando de 6.957 a 964 detecciones. En paralelo, la fiscalización nacional alcanzó a 21.871 personas extranjeras (un 37 % más que en 2025), y las salidas forzadas por vía aérea aumentaron de 72 a 243 personas (una variación del 238 %), mediante el incremento de dos a cuatro frecuencias de vuelos chárter o de la Fuerza Aérea de Chile.

Las salidas voluntarias alcanzaron a 4.400 personas en el mismo período, de las cuales el 72,7 % corresponde a ciudadanos venezolanos. El despliegue de infraestructura del Plan Escudo Fronterizo —en particular la zanja de Colchane— se asocia a una caída de los ingresos por ese sector de 286 registros en marzo a 24 en junio.

Entre el 21 y el 28 de junio, la PDI (Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Tarapacá) reportó la detención de 25 personas que intentaban cruzar irregularmente hacia Chile, de las cuales 16 mantenían órdenes de detención pendientes por delitos como abuso sexual, robo, hurto, lesiones, receptación y amenazas. Cuatro personas —dos ciudadanos bolivianos, un argentino y un colombiano— registraban órdenes de expulsión vigentes y notificadas, que fueron materializadas de inmediato.

El 24 de junio de 2026, un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 afectó gravemente a Venezuela, en particular a La Guaira y Caracas, con más de 2.500 personas fallecidas según las autoridades venezolanas. En respuesta, el SERMIG habilitó un protocolo de salida excepcional para facilitar la salida de Chile de ciudadanos venezolanos con documentos de identidad o de viaje vencidos, que necesiten regresar a su país o viajar por razones humanitarias.

El 2 de julio se realizó la audiencia de preparación del juicio oral por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024. La causa, de carácter reservado, se sigue contra 20 imputados vinculados a la facción “Los Piratas de Aragua”, del Tren de Aragua. En paralelo, arribó a Chile Dayonis Orozco, extraditado desde Colombia.

II. Marco normativo aplicable

• →Ley N.° 21.325, art. 157 N.° 4: fundamento de la facultad del SERMIG para adoptar el protocolo de salida excepcional por razones humanitarias. Órgano competente: Servicio Nacional de Migraciones. Efecto jurídico: autoriza la salida del territorio con documentación vencida, sin constituir regularización de la situación migratoria.
• →Ley N.° 21.325, arts. 127 a 134 y 129: régimen de expulsión administrativa y deber de ponderación del arraigo familiar, laboral y comunitario. Órganos: SERMIG (dicta) y PDI (ejecuta).
• →Ley N.° 19.880, arts. 7, 8, 9 y 11: principios de legalidad, conclusividad, inexcusabilidad y motivación de los actos administrativos migratorios.
• →Constitución Política, arts. 5 inc. 2, 19 N.° 3 y 19 N.° 7: respeto de los derechos esenciales, debido proceso y libertad personal.
• →Código Procesal Penal (procedimiento de extradición) y tratados aplicables: marco de la cooperación penal internacional en el caso Ojeda. Órganos: Ministerio Público (Fiscalía Regional Metropolitana Sur), Poder Judicial (11.° Juzgado de Garantía de Santiago).
• →CADH (arts. 7, 8, 22 y 25), CDN (art. 3) y Ley N.° 20.430 sobre refugio: estándares de debido proceso, no devolución, protección de la niñez y protección internacional.

III. Jurisprudencia relevante

• →Corte IDH, Vélez Loor vs. Panamá (2010): la detención de personas migrantes debe ser excepcional, por el menor tiempo posible, no punitiva y sujeta a control judicial. Aplicable a los estándares de retención y ejecución de expulsiones.
• →Corte IDH, OC-21/14 (2014): el interés superior del niño es consideración primordial en toda medida migratoria; relevante para la niñez venezolana afectada por la crisis.
• →CS Rol N.° 22.819-2026 (20.05.2026): trato más favorable a las solicitudes de refugio (Convención de 1951 + Ley N.° 20.430); pertinente ante el desastre humanitario en Venezuela.
• →CS Rol N.° 16.494-2026 (15.04.2026): el arraigo fáctico —maternidad, escolarización, trabajo formal— obliga a ponderar proporcionalidad antes de decretar expulsión respecto de ciudadanas venezolanas.

IV. Análisis jurídico crítico

El protocolo de salida excepcional constituye una respuesta administrativa oportuna, pero de alcance limitado: no regulariza ni modifica la situación migratoria de la comunidad venezolana. Su necesidad revela una tensión estructural de seguridad jurídica: miles de personas mantienen documentos vencidos que no pueden renovar por vías consulares, y órdenes de expulsión inejecutables por la falta de relaciones con Venezuela. La medida alivia la movilidad, pero no resuelve el limbo documental subyacente.

La medida humanitaria se ampara correctamente en el artículo 157 N.° 4 de la Ley N.° 21.325, lo que satisface la exigencia de habilitación legal. En materia penal, la recepción de personas extraditadas se ajusta al procedimiento reglado de extradición y a la cooperación internacional, con control jurisdiccional. La legalidad, sin embargo, exige que las expulsiones materializadas en frontera cuenten con acto administrativo fundado y notificación válida, condiciones que deben verificarse caso a caso.

La ejecución de expulsiones y la intensificación del control no eximen del examen de proporcionalidad. La jurisprudencia reciente de la Corte Suprema exige ponderar el arraigo familiar, laboral y comunitario, así como el interés superior del niño, antes de decretar o ejecutar una expulsión. El dato agregado de reducción del ingreso irregular no sustituye ese examen individual.

Los estándares interamericanos obligan a garantizar el debido proceso tanto en sede migratoria como penal. En el caso Ojeda, la magnitud probatoria y la cooperación internacional deben desarrollarse con pleno respeto de las garantías judiciales (art. 8 CADH) de los imputados. En el plano migratorio, el principio de no devolución y la protección de la niñez operan como límites infranqueables, especialmente frente a una crisis humanitaria en el país de origen.

V. Impacto institucional

• →Securitización consolidada: la reducción del ingreso irregular, el aumento de expulsiones y el despliegue de infraestructura fronteriza afianzan un enfoque de control y remoción.
• →Excepción humanitaria focalizada: el protocolo del SERMIG introduce una flexibilización puntual que reconoce la fragilidad consular venezolana, sin alterar el marco general.
• →Entrelazamiento migración–seguridad–cooperación penal: el caso Ojeda proyecta la gestión migratoria hacia la persecución del crimen organizado transnacional.
• →Ausencia de vías de integración: no se observaron avances en regularización amplia, integración laboral ni fortalecimiento de garantías permanentes.

VI. Conclusiones estratégicas

En el período comprendido entre el 27 de junio y el 3 de julio de 2026:

• →Se consolidó la baja del ingreso irregular en la frontera norte, acompañada de expulsiones materializadas en Colchane y de un despliegue creciente de infraestructura de control.
• →El SERMIG habilitó, con base en el artículo 157 N.° 4 de la Ley N.° 21.325, un protocolo de salida excepcional para venezolanos con documentos vencidos, medida humanitaria relevante pero de alcance acotado.
• →El caso Ronald Ojeda avanzó hacia el juicio oral, reforzando la dimensión penal transnacional y la dependencia de la cooperación internacional.
• →El balance del período mantiene una política predominantemente punitiva, con una excepción humanitaria que no transforma el marco estructural.

El Observatorio reafirma que el control migratorio y la persecución del crimen organizado son objetivos legítimos, pero que su legitimidad depende del respeto a la seguridad jurídica, la legalidad, la proporcionalidad, el debido proceso y el control de convencionalidad. Recomienda avanzar hacia mecanismos de regularización que resuelvan el limbo documental de la comunidad venezolana, en lugar de gestionarlo mediante excepciones puntuales, y continuará monitoreando la evolución del control fronterizo, la medida humanitaria y el juicio por el crimen de Ronald Ojeda.