Como abogado de Defensa Migrantes y Director del Observatorio de Migración y Derechos Humanos, tuve el honor de representar a Mercedes Mariela Palma Carrasco, residente definitiva y madre de una niña chilena, en un caso que hoy marca un precedente nacional.
La Corte Suprema, en fallo unánime, acogió el recurso de amparo que presentamos y declaró ilegal y arbitraria la prohibición de ingreso que la PDI había impuesto sin acto administrativo del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).
¿Por qué es tan importante este fallo?
La PDI no puede prohibir el ingreso por sí sola. La Corte estableció que toda prohibición debe ser dictada mediante resolución fundada del SERMIG, con motivación, duración y análisis individual del caso.
Se debe respetar el interés superior del niño. La medida separaba a una madre de su hija chilena y de una sobrina bajo cuidado judicial. La Corte recordó que ninguna decisión migratoria puede ignorar la unidad familiar ni los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La discrecionalidad administrativa tiene límites. El tribunal señaló que la autoridad debe actuar con proporcionalidad, razonabilidad y debido proceso, especialmente cuando se afectan derechos fundamentales.
Se fija un criterio nacional. Este fallo protege a miles de personas migrantes que han enfrentado prohibiciones de ingreso emitidas sin fundamento ni procedimiento.
Un triunfo para la justicia y para las familias migrantes
Este caso demuestra que la defensa jurídica estratégica puede corregir prácticas administrativas que vulneran derechos y que la justicia chilena sigue siendo un espacio donde es posible restablecer la legalidad y la dignidad.
Desde el Observatorio seguiremos trabajando para que Chile avance hacia una política migratoria humana, legal y respetuosa de los derechos fundamentales.
— Osvaldo Llinás Director, Observatorio de Migración y Derechos Humanos Abogado – Defensa Migrantes