Artículo del Director | Serie OGMDH-Chile | Marzo 2026

Zanjas en la frontera:

Seguridad, migración y gobernanza del Estado en las primeras decisiones del nuevo gobierno chileno

El inicio de una nueva administración en Chile ha traído consigo definiciones importantes en materia de política migratoria. Entre las medidas anunciadas destaca el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, que contempla la construcción de zanjas de hasta tres metros de profundidad, barreras físicas y sistemas de vigilancia tecnológica en la frontera norte del país.

El objetivo declarado por las autoridades es impedir el ingreso irregular de personas por pasos no habilitados, especialmente en sectores críticos de la frontera con Bolivia. Las obras, según se ha informado, serían ejecutadas por el Cuerpo Militar del Trabajo, con apoyo del Ministerio de Obras Públicas y la participación de las Fuerzas Armadas en labores de vigilancia territorial.

Este enfoque evidencia una clara prioridad política: reforzar el control territorial de la frontera. Sin embargo, la discusión migratoria no puede reducirse únicamente al control físico de los límites del Estado.

El control fronterizo es necesario, pero no suficiente

Todo Estado tiene el derecho soberano de controlar sus fronteras. Este principio forma parte del derecho internacional y de la organización misma de los Estados modernos.

No obstante, el fenómeno migratorio contemporáneo es considerablemente más complejo. Las personas migran por múltiples razones: crisis económicas, violencia, persecución política, reunificación familiar y oportunidades laborales.

Por ello, las políticas migratorias eficaces requieren un enfoque integral, que combine control fronterizo con mecanismos institucionales eficientes para gestionar la movilidad humana. Cuando el debate se concentra exclusivamente en la frontera, se corre el riesgo de ignorar el funcionamiento interno del sistema migratorio.

El verdadero problema estructural del sistema migratorio chileno

Más allá del ingreso irregular, uno de los mayores desafíos del sistema migratorio chileno es la gestión administrativa de las solicitudes migratorias.

Miles de personas extranjeras enfrentan actualmente demoras prolongadas en la tramitación de visas, retrasos en la resolución de residencias definitivas y procedimientos administrativos que exceden ampliamente los plazos establecidos en la Ley N.º 19.880.

Estas demoras han generado un aumento significativo en la judicialización de los procedimientos migratorios, especialmente mediante recursos de protección presentados ante las Cortes de Apelaciones. En este contexto, el problema migratorio no se limita a quienes intentan ingresar al país, sino también a quienes ya se encuentran en Chile y dependen del funcionamiento eficiente de la administración pública para regularizar su situación jurídica.

Gobernanza migratoria y Estado de Derecho

Las políticas migratorias deben evaluarse no solo en términos de seguridad, sino también desde la perspectiva de la gobernanza democrática y el respeto del Estado de Derecho.

Esto implica considerar principios fundamentales como el debido proceso administrativo, la proporcionalidad de las medidas estatales, la protección de la unidad familiar, el interés superior del niño y el respeto de los tratados internacionales de derechos humanos.

La construcción de barreras físicas puede tener efectos disuasivos en determinados contextos, pero difícilmente constituye una solución estructural si no se acompaña de instituciones administrativas eficaces y políticas públicas coherentes.

Una oportunidad para repensar la política migratoria

El inicio de un nuevo gobierno representa también una oportunidad para revisar las bases del sistema migratorio chileno.

Más allá de las medidas de control territorial, el país necesita avanzar hacia un modelo de gobernanza migratoria que combine control fronterizo responsable, gestión administrativa eficiente y respeto irrestricto de los derechos humanos.

El verdadero desafío no consiste únicamente en impedir el ingreso irregular, sino en construir instituciones capaces de gestionar la movilidad humana con racionalidad jurídica, eficiencia administrativa y legitimidad democrática.