Fiscalización laboral migratoria en Chile: quién sanciona, a quién y con qué instrumentos

I. Introducción: el error frecuente en el debate público

Cuando se habla de fiscalización laboral migratoria en Chile, el debate público tiende a simplificar: se habla de «controles a migrantes irregulares» como si el único sujeto pasivo del sistema sancionatorio fuera el trabajador extranjero sin documentos. Esa lectura es jurídicamente incorrecta y políticamente distorsionadora.

El marco vigente de la Ley N.° 21.325 sanciona simultáneamente a dos sujetos distintos, con órganos distintos e instrumentos distintos: al empleador que contrata a un trabajador migrante sin permiso de trabajo vigente, y al trabajador migrante que presta servicios sin esa autorización. Ambos infringen la ley. Ambos son pasibles de sanción administrativa. Pero sus posiciones jurídicas son radicalmente asimétricas —y esa asimetría define quién realmente queda más expuesto en una fiscalización.

A ello se suma un dato que el debate público ignora sistemáticamente: el trabajador migrante irregular tiene una salida legal expresa en la propia ley. Si denuncia a su empleador, queda exento de sanción migratoria. El problema es que nadie se la informa en el momento de la fiscalización. Y esa omisión tiene consecuencias jurídicas y humanas graves.

II. El marco sancionatorio vigente: dos sujetos, dos órganos, una misma fiscalización

El empleador: doble sanción, doble órgano

El empleador que contrata a un trabajador migrante sin permiso de trabajo vigente enfrenta un régimen sancionatorio doble. Por una parte, el SERMIG aplica multas migratorias conforme a los artículos 112 a 119 de la Ley N.° 21.325, mediante resolución fundada notificada al infractor, quien dispone de diez días hábiles para presentar descargos. Si el propio empleador autodenuncia la infracción, la multa se reduce en un 50% (artículo 121). Por otra parte, la Dirección del Trabajo aplica de manera concurrente e independiente las multas laborales por infracción al Código del Trabajo, incluyendo incumplimiento de obligaciones de remuneración, cotizaciones y condiciones de trabajo.

Este doble régimen sancionatorio es independiente: una multa no excluye a la otra. En la práctica, una fiscalización coordinada puede activar ambas vías simultáneamente, lo que convierte al empleador en el sujeto con mayor exposición jurídica en el sistema actual.

El trabajador migrante irregular: multa, expulsión y una salida que nadie informa

El trabajador migrante que presta servicios sin autorización también es sancionable por el SERMIG, con multa migratoria y eventual expulsión conforme a los artículos 127 y siguientes de la Ley N.° 21.325. Sin embargo, la propia ley establece una excepción de enorme relevancia práctica:

El problema estructural es que esta exención existe en la ley pero no existe en la práctica de las fiscalizaciones. No hay un protocolo institucional que garantice que el trabajador detectado sea informado de este derecho. Esa omisión no es neutra: es la diferencia entre una persona que pierde su situación migratoria y una persona que la preserva.

Cuadro comparativo del marco sancionatorio vigente

III. El artículo 9 de la Ley 21.325: no criminalización como principio rector

El artículo 9 de la Ley N.° 21.325 establece expresamente que la migración irregular no es constitutiva de delito. Este principio de no criminalización es el pilar sobre el que descansa todo el régimen sancionatorio: las consecuencias del ingreso o permanencia irregular son administrativas —multas y expulsión—, no penales.

Este principio tiene una consecuencia directa para el diseño de los operativos de fiscalización laboral: el trabajador migrante irregular no puede ser tratado como imputado penal ni sometido a procedimientos propios del derecho penal. Su situación es la de un infractor administrativo con derechos garantizados, incluyendo el derecho a ser informado de los cargos, a presentar descargos en el plazo legal y a acceder a defensa jurídica cuando no pueda procurársela por sí mismo (art. 21 Ley 21.325).

La confusión entre infracción administrativa y conducta delictiva —alentada por el discurso público que asocia migración irregular con criminalidad— no tiene respaldo en el texto de la ley. Y esa confusión es precisamente la que legitima operativos que tratan al trabajador migrante como sospechoso en lugar de como titular de derechos.

IV. El proyecto en tramitación: endurecimiento de sanciones al empleador

El Director Nacional del SERMIG ha anunciado la presentación de un proyecto de ley que endurece significativamente el régimen sancionatorio aplicable a los empleadores que contratan trabajadores migrantes irregulares. El proyecto, actualmente en tramitación, contempla tres innovaciones de alta relevancia jurídica:

• →Clausura del local o establecimiento: como pena accesoria, con posibilidad de cierre temporal cautelar durante el proceso judicial.
• →Sanciones de naturaleza penal: desplaza parcialmente la responsabilidad del empleador desde el ámbito administrativo al penal.
• →Multas económicas agravadas: para empresas que contraten extranjeros cuyo permiso haya caducado durante la vigencia del contrato.

El proyecto introduce una excepción relevante: las penas de clausura y penales no se aplican cuando el migrante pierde la autorización para trabajar con posterioridad a la contratación. Esta distinción separa la contratación dolosa de irregulares de la situación sobrevenida de vencimiento de permiso.

Lo que el proyecto no resuelve

El endurecimiento al empleador es una respuesta legítima a una asimetría real: hoy, un empleador que contrata irregulares asume un riesgo sancionatorio relativamente acotado en relación con el beneficio económico obtenido. El proyecto busca corregir esa ecuación.

Sin embargo, el proyecto no crea vías de regularización, no establece protocolos de información sobre la exención por denuncia y no aborda la situación de quienes ya están arraigados en condición irregular. Es una reforma que fortalece la capacidad punitiva del Estado hacia el empleador, sin construir una salida hacia adelante para el trabajador.

V. La exención por denuncia: la herramienta más poderosa que nadie conoce

Desde la perspectiva de la defensa estratégica del migrante, la exención por denuncia es el instrumento jurídico más relevante del régimen sancionatorio laboral-migratorio vigente. Su lógica es clara: el legislador entendió que el trabajador migrante irregular es la parte más vulnerable de la relación laboral, y que crear un incentivo para que denuncie infracciones del empleador —a cambio de su propia protección sancionatoria— sirve a dos objetivos simultáneos: proteger al trabajador y sancionar al empleador infractor.

Sin embargo, esta herramienta funciona solo si el trabajador sabe que existe. Y en el contexto de una fiscalización laboral, donde el trabajador se encuentra en una posición de máxima vulnerabilidad —sin documentos, sin certeza sobre su situación, frecuentemente sin acceso a asesoría jurídica—, la posibilidad real de ejercer ese derecho es mínima si nadie se lo informa.

El OGMDH-Chile plantea que la solución no requiere modificación legislativa: requiere un protocolo administrativo coordinado entre SERMIG y Dirección del Trabajo que garantice que, en toda fiscalización laboral donde se detecte a un trabajador migrante irregular, se le informe de manera clara, en su idioma y por escrito, de su derecho a denunciar y de la consecuencia jurídica de esa denuncia sobre su propia situación migratoria.

VI. La propuesta: la fiscalización como puerta de protección

El sistema actual produce una paradoja estructural: detecta trabajo migrante real, arraigo social y contribución económica, pero responde principalmente con amenaza de sanción para ambas partes. En ese escenario de amenaza bilateral, ninguno tiene incentivos para regularizar: el empleador evita la visibilidad, y el trabajador evita ser detectado.

La fiscalización laboral debería reorientarse para romper ese círculo. El OGMDH-Chile propone incorporar de manera sistemática los siguientes elementos:

• →Protocolo de información: informar al trabajador migrante irregular detectado, en su idioma y por escrito, de la exención por denuncia, del plazo para presentar descargos y de su derecho a defensa jurídica gratuita.
• →Evaluación de vulnerabilidad: identificar si concurren circunstancias de desplazamiento forzado, NNA dependientes, cotizaciones acreditadas o tiempo de residencia efectiva que justifiquen activar la vía de regularización humanitaria del artículo 53 de la Ley 21.325.
• →Coordinación interinstitucional: protocolo formal entre SERMIG, Dirección del Trabajo y Ministerio del Interior que defina el flujo de actuación cuando se detecta un perfil de vulnerabilidad que amerita evaluación de regularización.
• →Persecución efectiva al empleador: asegurar que la carga sancionatoria recaiga de manera proporcional sobre quien tiene mayor capacidad de cumplimiento y mayor beneficio de la irregularidad.

VII. Conclusión y advertencia estratégica

El debate sobre fiscalización laboral migratoria tiene un déficit central: ignora la arquitectura real del sistema sancionatorio. El SERMIG sanciona a empleador y trabajador. La Dirección del Trabajo sanciona al empleador de forma adicional. El trabajador tiene una exención si denuncia, pero nadie se la informa. El proyecto en tramitación agrava la posición del empleador sin construir una salida para el trabajador.

Ese cuadro revela no un sistema de control eficaz, sino un sistema que castiga la irregularidad sin resolverla. El empleador aprende a no documentar la relación. El trabajador aprende a no ser visible. Y el Estado continúa fiscalizando sin regularizar.

Una política migratoria laboral coherente con el Estado de Derecho no puede limitarse a aumentar las penas. Debe garantizar que la exención por denuncia sea conocida y ejercible. Debe activar la regularización cuando el arraigo lo justifica. Y debe asumir que el trabajador migrante irregular, en la mayoría de los casos detectados en fiscalizaciones laborales, no es el sujeto que más ha infringido la ley: es el que más la ha padecido.

Referencias normativas

• →Ley N.° 21.325 de Migración y Extranjería, arts. 9, 14, 21, 53, 112–119, 121, 127–134.
• →Decreto Supremo N.° 296 (D.O. 12.02.2022). Reglamento de la Ley N.° 21.325.
• →Código del Trabajo, arts. 19 y 20.
• →Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ratificada por Chile).
• →Corte IDH. (2003). Opinión Consultiva OC-18/03. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados.
• →Corte Suprema de Chile. Rol N.° 8.412-2026 (12.03.2026).
• →Proyecto de ley sobre sanciones a empleadores de migrantes irregulares (en tramitación, 2026). No promulgado.