Una detención no revoca una residencia

Introducción doctrinal

El 19 de octubre, el Servicio Nacional de Migraciones anunció que revocará la residencia definitiva de cinco extranjeros detenidos durante los incidentes del día anterior y que, una vez revocada, dictará su expulsión. Al día siguiente, su director estimó que la etapa administrativa «debiera demorar una semana». El anuncio se presentó como aplicación de una regla general: quien altera el orden público pierde su derecho a permanecer en Chile.

La residencia definitiva autoriza a radicarse indefinidamente en el país (art. 78 de la Ley N.° 21.325), pero no es irrevocable. El artículo 37 entrega al Servicio la competencia para revocarla. Lo que la ley no entrega es una potestad para hacerlo a partir de una detención. Entre el hecho policial y la pérdida del permiso median una causal legal, un procedimiento con descargos y una resolución fundada, y ninguno de esos tres elementos puede darse por cumplido en el anuncio.

I. Problema jurídico central

La pregunta es qué causal puede invocarse respecto de residentes definitivos que no registran condena. La Ley N.° 21.325 ofrece dos vías. La revocación imperativa del artículo 89 N.° 1 remite a las prohibiciones del artículo 32, cuyo numeral 5 exige haber sido condenado por delitos de especial gravedad, entre ellos tráfico de drogas o robo con violencia o intimidación. Sin sentencia, esa vía está cerrada.

La revocación facultativa del artículo 90 N.° 1 remite al artículo 33, cuyo numeral 4 alcanza a quienes «realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que constituyan indicios de que se disponen a cometer un crimen o simple delito». Es la única hipótesis que podría aplicarse sin condena, y tiene tres límites: es facultativa, exige indicios concretos y mira hacia un delito futuro, no a una detención pasada. Una falta de respeto a la autoridad o una detención de 2022 que no derivó en expulsión difícilmente encajan en ella. El porte de un arma cortante podría hacerlo, pero el Servicio tendría que demostrarlo caso a caso.

II. Desarrollo constitucional y convencional

La Convención Americana (art. 8.2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2) consagran la presunción de inocencia, y la Constitución prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal (art. 19 N.° 3). La Administración puede valorar antecedentes pertinentes, pero no tratar una detención como si acreditara un delito.

El artículo 91 de la Ley N.° 21.325 dispone que, iniciado el procedimiento de revocación, el afectado será notificado y tendrá diez días para presentar descargos respecto de la causal invocada. El artículo 11 de la Ley N.° 19.880 exige imparcialidad y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en todo acto que prive de derechos. La Corte Suprema lo aplicó a las expulsiones en la sentencia Rol N.° 46.074-2026, de 31 de agosto: la medida debe estar precedida de un procedimiento que respete la contradictoriedad y la imparcialidad, y no puede omitir el arraigo familiar y laboral del afectado.

El artículo 22.6 de la Convención Americana permite expulsar a un extranjero que se halle legalmente en el territorio solo en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. Un residente definitivo está legalmente en Chile hasta que una resolución válida le revoque el permiso.

III. Análisis crítico

El plazo anunciado choca con la ley. Si la notificación abre un término de diez días para descargos, la etapa administrativa no puede cerrarse en una semana sin privar al afectado de ese derecho. Una revocación dictada antes de que venza el plazo sería ilegal por esa sola razón.

El anuncio también compromete la imparcialidad. Cuando la autoridad presenta como seguro el resultado de un procedimiento que aún no comienza, los descargos pierden sentido práctico y la resolución final queda expuesta a la sospecha de haber sido decidida antes de oír al interesado. Anunciar el inicio de un procedimiento es ejercer una competencia; anunciar su desenlace es otra cosa.

Revocar y expulsar son, además, decisiones distintas. La resolución que revoca debe fijar un plazo de abandono no inferior a cinco días (art. 91). La expulsión exige una causal propia del artículo 128 y la ponderación del artículo 129, que incluye la gravedad de los hechos, el tiempo de residencia y los vínculos familiares, con especial atención a hijos e hijas. Quien obtuvo la residencia definitiva lleva años en el país, de modo que el examen de arraigo no es un trámite menor.

IV. Advertencia jurídica

El 20 de octubre, el Congreso despachó la ley que agrega las graves alteraciones del orden público como causal de expulsión decretada por el Subsecretario del Interior. Esa ley no ha sido promulgada ni publicada, y aunque lo fuera mañana, no alcanzaría hechos ocurridos el 18 de octubre. El Tribunal Constitucional ha sostenido desde la sentencia Rol N.° 244 (1996) que los principios del derecho penal, entre ellos la legalidad y la irretroactividad, se aplican de forma matizada a la potestad sancionadora de la Administración.

Para que estos procedimientos resistan el control judicial, el Observatorio propone cuatro resguardos: indicar en la notificación la causal concreta de los artículos 89 o 90 y los antecedentes que la sostienen; respetar íntegramente el plazo de descargos; tramitar la expulsión en un procedimiento separado, con la ponderación del artículo 129; y abstenerse de invocar la nueva causal de orden público respecto de hechos anteriores a su vigencia.

Conclusión estratégica

La reacción frente a quienes alteran el orden público es legítima, y la ley ofrece herramientas para ello: la persecución penal y, cuando concurren sus presupuestos, la revocación y la expulsión. El riesgo está en usarlas como respuesta inmediata a una detención, con plazos que la ley no permite y causales que aún no rigen.

Las mismas autoridades informaron esta semana que una de cada cinco expulsiones impugnadas es dejada sin efecto por los tribunales. Las revocaciones anunciadas tras el 18 de octubre servirán como prueba: si se dictan con causal identificada, descargos completos y fundamentación individual, fortalecerán la autoridad del Servicio; si se dictan en una semana, engrosarán la estadística de recursos acogidos.

Referencias (APA 7.ª edición)