Expulsiones, cifras públicas y reunificación familiar

Expulsiones, cifras públicas y reunificación familiar

Resumen ejecutivo

El 23 de octubre, el SERMIG informó el undécimo vuelo de expulsión y un acumulado de 2.000 expulsiones en 2026, cuyo desglose suma 1.925. El mismo comunicado dio cuenta de que ya se firmó el decreto de expulsión de los residentes detenidos el 18 de octubre. El 27 de octubre, el Defensor de la Niñez expuso ante la CIDH la suspensión de 3.574 solicitudes de reunificación familiar de personas haitianas. La ley que agiliza la expulsión administrativa (Boletín N.° 16.836-06) sigue sin publicarse y no está vigente.

El hilo común es la verificabilidad: qué se cuenta, bajo qué procedimiento se decide y en qué plazos.

I. Contexto y antecedentes

El viernes 23 de octubre salió el undécimo vuelo de expulsión del año, con 75 personas (50 colombianas, 14 peruanas y 11 dominicanas). El SERMIG informó 2.000 expulsiones en 2026, «de los cuales 1.726 corresponden a salidas administrativas y 199 a expulsiones judiciales». Esa suma da 1.925, y los porcentajes publicados (89,7 % y 10,3 %) se calculan sobre 1.925, no sobre 2.000. El mismo texto afirma que «desde el 11 de marzo a la fecha se han materializado 1.704 expulsiones», un tercer corte temporal.

La diferencia de 75 coincide con el tamaño del vuelo, lo que sugiere que el total se actualizó y el desglose no, aunque el comunicado no lo explica. El Informe N.° 50 registró una discrepancia similar. No hay base para inferir manipulación, sí para pedir una conciliación pública.

En el mismo comunicado, el director del SERMIG señaló respecto de los detenidos del 18 de octubre: «Hicimos un procedimiento que era retrotraer la residencia definitiva de 5 de esas 6 personas (3 peruanos y 2 haitianos) y se hizo el decreto de expulsión […] que ayer fue firmada por el subsecretario Pavez», esto es, el 22 de octubre. Añadió que los afectados pueden reclamar y que, si sus recursos son rechazados, saldrán en vuelos comerciales. El anuncio de estos procedimientos se había hecho el 19 de octubre. El Observatorio no ha tenido acceso a las resoluciones.

El martes 27 de octubre, en el 197.° Período de Sesiones de la CIDH, en Panamá, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, expuso que al 2 de septiembre de 2026 había más de 3.574 solicitudes de reunificación familiar de personas haitianas suspendidas, atribuidas a dificultades de verificación documental y a problemas de gestión consular en Haití. Informó tiempos promedio de tramitación de 299 días para NNA y de 330 días para niños haitianos entre 2022 y 2024. Pidió seguimiento a las Relatorías de Niñez y de Migrantes, y al Estado, protocolos de ingreso y una instancia permanente de coordinación.

Los consulados en Caracas y Puerto Ordaz reanudaron operaciones el 19 de octubre, con atención agendada desde el 26. El 29, el SERMIG conmemoró diez años del programa municipal Sello Migrante.

En lo legislativo, el Boletín N.° 16.836-06 fue despachado el 20 de octubre. Al cierre de esta edición no se encontró sentencia del Tribunal Constitucional ni publicación en el Diario Oficial, y el portal de tramitación del Senado mantiene el boletín como «En tramitación». Sobre la reforma constitucional relativa al plazo de detención para ejecutar expulsiones, tampoco se identificó una actuación verificable durante el período.

II. Marco normativo aplicable

• →Ley N.° 21.325, art. 19 (vigente): el Estado debe promover la unidad familiar, y las solicitudes de reunificación de NNA con residentes «se tramitarán de manera prioritaria».
• →Ley N.° 21.325, art. 91 (vigente): la revocación exige notificación y un plazo de diez días para descargos; la resolución fija un plazo de abandono no inferior a cinco días.
• →Ley N.° 21.325, art. 132 (vigente): la expulsión la dispone el Director Nacional del SERMIG; el Subsecretario del Interior puede decretarla solo en casos calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior.
• →Ley N.° 21.325, art. 141 (vigente): reclamación ante la Corte de Apelaciones en diez días corridos; su interposición suspende la ejecución.
• →Boletín N.° 16.836-06 (no vigente): según la prensa, reduce el plazo de reclamación a cinco días, suspende la ejecución desde la admisibilidad del recurso y agrega la causal de graves alteraciones del orden público. Su contenido exacto debe confirmarse en el texto que se publique.
• →CADH, art. 17, y Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 3 y 10: protección de la familia, interés superior del niño y tramitación positiva, humanitaria y expeditiva de las solicitudes de reunificación.

III. Jurisprudencia relevante

No se obtuvo una sentencia íntegra dictada en el período que justificara su inclusión. Como estándar aplicable, la Corte Interamericana estableció en la Opinión Consultiva OC-21/14 (2014) que el interés superior del niño debe guiar toda decisión migratoria que afecte a niños y niñas, y que la separación familiar solo procede en circunstancias excepcionales y por el menor tiempo posible.

IV. Análisis jurídico crítico

Un balance que mezcla cortes temporales y calcula porcentajes sobre una base distinta del total anunciado no permite verificar la política que pretende medir.

Si la revocación y el decreto de expulsión se dictaron entre el 19 y el 22 de octubre, el plazo de diez días para descargos del artículo 91 no pudo transcurrir íntegramente. Además, mientras la nueva causal de orden público no rija, la competencia del Subsecretario para expulsar se limita a razones calificadas de seguridad interior o exterior (art. 132). Ambos puntos deben contrastarse con las resoluciones.

Un promedio de 330 días para reunificar a niños haitianos es difícil de conciliar con la tramitación «prioritaria» que exige el artículo 19. La verificación documental es legítima, pero la suspensión prolongada sin seguimiento individual convierte un control en una separación familiar de hecho, contraria al estándar de la OC-21/14.

V. Impacto institucional

• →Credibilidad estadística: dos discrepancias en tres semanas reducen el valor de los balances oficiales como herramienta de evaluación.
• →Litigiosidad previsible: los decretos dictados tras el 18-O llegarán a tribunales bajo el régimen vigente del artículo 141, con efecto suspensivo.
• →Escrutinio internacional: la audiencia ante la CIDH sitúa la reunificación familiar como asunto de seguimiento regional.

VI. Conclusiones estratégicas

La administración acelera la ejecución mientras sus cifras no cuadran y la reunificación acumula meses de espera. El Observatorio recomienda: publicar balances conciliados con metodología y cortes comunes; dar a conocer las resoluciones de revocación y expulsión del 18-O, con su causal y la constancia del plazo de descargos; informar el estado individual de las 3.574 solicitudes suspendidas; y tratar el Boletín N.° 16.836-06 como proyecto hasta su publicación en el Diario Oficial.

Referencias (APA 7.ª edición)