Informe Semanal OGMDH-Chile N.° 26

Expulsiones masivas, avance legislativo acelerado y aplicación del criterio “hijo de extranjero transeúnte”
Tensiones críticas de la política migratoria chilena: consolidación del modelo punitivo y afectación de derechos de la niñez migrante

Introducción

Entre el 24 de abril y el 1 de mayo de 2026, la agenda migratoria chilena estuvo marcada por tres procesos simultáneos que profundizan el giro punitivo de la política migratoria iniciado a comienzos de la actual administración.

El primer proceso es la consolidación de una política de expulsiones masivas, con vuelos periódicos quincenales, ampliación de facultades policiales y un discurso gubernamental que asocia sistemáticamente migración irregular con delincuencia. El segundo es el avance acelerado de cuatro proyectos de ley que endurecen el régimen migratorio, uno de ellos despachado con informe negativo por la Comisión de Gobierno del Senado. El tercero es la aplicación práctica del criterio del Registro Civil sobre “hijo de extranjero transeúnte”, con efectos directos en el acceso a la nacionalidad de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes nacidos en Chile.

El Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos de Chile (OGMDH-Chile) analiza este período desde la perspectiva de la gobernanza migratoria, el debido proceso y la protección de la niñez migrante.

Resumen Ejecutivo

El gobierno confirmó la realización de expulsiones quincenales mediante vuelos charter, reforzando un modelo de control migratorio basado en la salida forzada de personas en situación irregular, sin información pública sistemática sobre evaluación individualizada de riesgos, análisis de solicitudes de refugio o presencia de NNA.

El Senado avanzó en la tramitación de cuatro proyectos de ley con impacto directo en población migrante: perfeccionamiento del procedimiento de expulsión administrativa (aprobado en general), criminalización del ingreso por paso no habilitado (despachado con informe negativo), control fronterizo y biometría obligatoria (en tramitación con urgencia simple), y sanción a facilitadores del ingreso irregular (en discusión).

El Registro Civil continúa aplicando el criterio de “hijo de extranjero transeúnte” establecido en la Circular N.° 014, afectando el acceso a la nacionalidad de NNA nacidos en Chile cuyos padres se encuentran en situación de turismo o sin residencia vigente.

No se registran avances en políticas de protección de NNA migrantes, mientras sí se profundizan medidas de control, fiscalización y sanción.

I. Expulsiones masivas y fortalecimiento del control migratorio

Durante la semana, el Ejecutivo reafirmó que el vuelo de expulsión realizado el 15 de abril (40 personas) constituye el inicio de una política permanente, con vuelos charter cada dos semanas y operativos terrestres complementarios mediante buses hacia países limítrofes.

Según declaraciones oficiales, el objetivo es ejecutar progresivamente las más de 330.000 órdenes de expulsión pendientes, priorizando personas con antecedentes penales y aquellas que ingresaron por paso no habilitado.

• →Riesgo de expulsiones colectivas: falta de información pública sobre evaluación individualizada de riesgos, análisis de solicitudes de refugio, ponderación de arraigo familiar y presencia de NNA en los vuelos ejecutados.
• →Opacidad institucional: ausencia de datos desagregados por nacionalidad, perfiles, vínculos familiares, situación procesal y duración de permanencia en Chile.
• →Costos elevados sin evaluación de eficiencia: según estimaciones técnicas, el costo por persona expulsada mediante vuelo charter supera los $3 millones de pesos, sin que exista evaluación pública de costo-efectividad frente a alternativas de regularización, integración o salida voluntaria asistida.
• →Asociación migración-delincuencia: el discurso oficial vincula sistemáticamente migración irregular con criminalidad, pese a que la mayoría de personas en situación irregular no tiene antecedentes penales y se encuentra en Chile por razones laborales, familiares o de protección.

El gobierno anunció el refuerzo de fiscalización migratoria en zonas urbanas y fronterizas, con participación de PDI, Carabineros y personal militar desplegado en el marco del Plan Escudo Fronterizo.

Riesgos identificados:

• →Detenciones basadas en perfilamiento racial, sin causa justificada.
• →Devoluciones en frontera sin garantías mínimas de debido proceso.
• →Falta de protocolos diferenciados para NNA no acompañados o en situación de vulnerabilidad.

II. Avance legislativo: cuatro proyectos en tramitación acelerada

Durante el período se registró movimiento legislativo en cuatro iniciativas con impacto directo en población migrante:

El Senado aprobó en general el proyecto (Boletín N.° 16.836-06) que introduce modificaciones significativas al régimen de expulsiones establecido en la Ley N.° 21.325:

• →Facultad de la PDI para ingresar a domicilios para ejecutar expulsiones, cuando el Subsecretario del Interior o el Director del SERMIG lo dispongan y la persona esté formalizada o acusada por simple delito.
• →Expulsión inmediata para extranjeros formalizados o acusados por simple delito, previa autorización judicial solicitada por el Subsecretario del Interior.
• →Toma obligatoria de datos biométricos a personas extranjeras mayores de 18 años en situación migratoria irregular.
• →Prohibición de reingreso de hasta 10 años para quienes ingresen irregularmente al territorio nacional.

Análisis del OGMDH-Chile:

El proyecto amplía facultades intrusivas sin reforzar proporcionalmente las garantías de debido proceso. Puede afectar desproporcionadamente a personas con arraigo consolidado, familias con NNA y solicitantes de refugio o protección internacional.

El plazo para indicaciones vence el 29 de abril de 2026. El OGMDH-Chile recomienda indicaciones que refuercen: (a) autorización judicial previa fundada para ingreso a domicilios, (b) presunción de inocencia en casos de formalización sin condena, (c) motivación individualizada de plazos de prohibición de reingreso.

La Comisión de Gobierno del Senado rechazó el proyecto de ley que buscaba tipificar penalmente el ingreso irregular al territorio nacional, despachándolo con informe negativo.

Razones del rechazo según el informe de la Comisión:

• →Ineficiencia comprobada para reducir flujos migratorios irregulares.
• →Contradicción con estándares internacionales de derechos humanos.
• →Riesgo de saturación del sistema penal con conductas de naturaleza esencialmente administrativa.
• →Desproporcionalidad entre la conducta y la sanción penal.

Valoración del OGMDH-Chile:

El rechazo es coherente con el principio de ultima ratio del derecho penal y evita criminalizar conductas administrativas que afectan a cientos de miles de personas. El OGMDH-Chile valora esta decisión legislativa como un contrapeso institucional relevante frente a la tendencia de endurecimiento general.

Se encuentra en tramitación con urgencia simple un proyecto que refuerza controles en pasos fronterizos, obliga al registro biométrico de todas las personas que ingresen al país y amplía facultades de PDI para retención preventiva en frontera.

Riesgos identificados:

• →Falta de regulación sobre almacenamiento, acceso y finalidad de uso de datos biométricos.
• →Posible retención prolongada en frontera sin garantías de debido proceso.
• →Ausencia de protocolos diferenciados para solicitantes de refugio.

Se mantiene en discusión parlamentaria el proyecto de ley que establece sanciones penales para quienes faciliten el ingreso irregular al país, con posible impacto en transportistas, arrendadores y prestadores de servicios.

Riesgo identificado por el OGMDH-Chile:

Aplicación desproporcionada sobre sectores económicos vinculados legítimamente a población migrante (transporte, vivienda, servicios básicos), generando efectos indirectos de exclusión y marginalización.

III. Registro Civil: aplicación del criterio “hijo de extranjero transeúnte”

El OGMDH-Chile confirma que el Servicio de Registro Civil e Identificación continúa aplicando el criterio establecido en la Circular N.° 014 (vigente desde el 13 de abril de 2026), que niega la nacionalidad chilena por nacimiento a NNA cuyos padres:

• →Están en condición de turismo al momento del nacimiento.
• →No acreditan permiso de residencia vigente.
• →Ingresaron al país por paso no habilitado.

• →Riesgo de apatridia de facto: NNA nacidos en Chile que quedan sin nacionalidad efectiva por no poder acceder a la nacionalidad del país de origen de sus padres.
• →Aplicación restrictiva del concepto de “transeúnte”: el criterio se aplica de manera formalista, sin considerar residencia efectiva, arraigo familiar, escolaridad de otros hijos/as u otros elementos que, según jurisprudencia de la Corte Suprema, excluyen la condición de transeúnte.
• →Falta de información a las familias: ausencia de campañas informativas sobre el derecho de oposición a la inscripción como “hijo/a de extranjero transeúnte” y el procedimiento de rectificación administrativa ante SERMIG.
• →Impacto desproporcionado en NNA migrantes: especialmente en familias con arraigo consolidado que no han podido regularizar su situación por cierre de procesos de regularización o barreras administrativas.

• →Aplicación garantista del concepto de “transeúnte”, coherente con jurisprudencia de la Corte Suprema que distingue entre extranjero de paso y migrante irregular residente.
• →Desarrollo de campañas informativas accesibles en múltiples idiomas sobre derechos de oposición y rectificación.
• →Monitoreo institucional por parte del INDH, la Defensoría de la Niñez y organizaciones de la sociedad civil sobre casos de exclusión, discriminación y barreras de acceso a la nacionalidad.
• →Articulación de litigio estratégico cuando corresponda, para garantizar el derecho a la nacionalidad de NNA con arraigo en Chile.

IV. Conclusiones del Observatorio

Durante el período comprendido entre el 24 de abril y el 1 de mayo de 2026:

• →El Estado chileno avanza hacia un modelo de control migratorio punitivo, centrado en expulsiones masivas, fiscalización intensiva y ampliación de sanciones administrativas y penales.
• →El avance legislativo se caracteriza por tramitación acelerada de proyectos que amplían facultades coercitivas sin reforzar proporcionalmente garantías de debido proceso, proporcionalidad y evaluación individualizada.
• →El rechazo legislativo a la criminalización del ingreso irregular constituye un contrapeso institucional relevante, pero no modifica la tendencia general de endurecimiento de la política migratoria.
• →No se observan avances en políticas de protección de NNA migrantes, pese a los riesgos generados por la aplicación del criterio de “hijo de extranjero transeúnte” del Registro Civil.
• →La política migratoria continúa tensionada entre seguridad, control administrativo y derechos fundamentales, con efectos directos y desproporcionados en familias, NNA y personas con arraigo consolidado en Chile.

El Observatorio reafirma que una política migratoria eficaz requiere equilibrio entre tres principios simultáneos e inseparables:

• →Seguridad pública firme, con persecución eficaz del crimen organizado y control ordenado de fronteras.
• →Migración regular y ordenada, con vías claras de regularización y evaluación individualizada en expulsiones.
• →Protección irrestricta de derechos fundamentales, especialmente de NNA, con garantías de debido proceso, acceso a recursos efectivos y respeto al principio de no devolución.

El Observatorio continuará monitoreando el desarrollo normativo, jurisprudencial y administrativo de esta materia, por tratarse de ejes estructurales para la gobernanza migratoria y la vigencia del Estado de Derecho en Chile.

Referencias