El noveno vuelo del año y el proyecto que redefine las expulsiones: lo que de verdad cambió esta semana

Informe Semanal OGMDH-Chile N.° 48

El noveno vuelo del año y el proyecto que redefine las expulsiones: lo que de verdad cambió esta semana

Un nuevo vuelo de expulsión, la reacción oficial al acuerdo legislativo de la semana anterior, y el estado real —no el rumoreado— de las fiscalizaciones y el refugio

Resumen Ejecutivo

El 30 de septiembre, un vuelo chárter de la Fuerza Aérea trasladó a 40 extranjeros —32 colombianos y 8 peruanos— hacia Perú y Colombia, el noveno operativo aéreo de expulsión de 2026 y el que elevó a 1.764 el total de expulsiones materializadas en el año. El mismo día, el director nacional del SERMIG, Frank Sauerbaum, valoró públicamente el acuerdo que la Comisión Mixta del Congreso alcanzó el 28 de septiembre sobre el Boletín N.° 16.836-06, detallando por primera vez varios elementos del texto acordado: el ingreso policial a domicilios exige, en todos los casos, autorización judicial previa; el plazo para reclamar contra una expulsión baja de diez a cinco días y deja de suspenderla automáticamente; y el presupuesto 2027 para expulsiones se triplicaría, de 4.000 a 11.000 millones de pesos.

El Observatorio precisa que esta reforma continúa sin ser ley: el informe de la Comisión Mixta debe aún ser ratificado por ambas Cámaras, exactamente como se explicó en el Artículo Experto de esta semana. No existe, en cambio, evidencia verificable de una reforma distinta para extender la detención a sesenta días, ni de que el ingreso a domicilios pueda ejercerse sin autorización judicial: la propia autoridad que impulsa el proyecto confirma lo contrario.

I. Contexto y antecedentes

El 30 de septiembre, un vuelo de la FACH partió desde el Grupo 10 con destino a Perú y Colombia, trasladando a 40 personas: 32 colombianas y 8 peruanas. De ellas, 18 fueron expulsiones administrativas y 22 judiciales, vinculadas a delitos como robo con violencia, porte de armas, violencia intrafamiliar, manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y tráfico de drogas; 28 del total registraban antecedentes penales. El balance, entregado por el subsecretario Máximo Pavez, el director Sauerbaum y el jefe nacional de Migraciones de la PDI, Ernesto León, sitúa el total de expulsiones 2026 en 1.764, el registro anual más alto desde 2022.

Las mismas autoridades informaron que, entre enero y agosto, se registraron 286 denuncias por ingreso por pasos no habilitados —una cifra inferior a 2025— y más de 35.000 extranjeros fiscalizados en el período. Entre enero y septiembre se contabilizaron, además, 10.197 salidas voluntarias efectivas, principalmente de ciudadanos venezolanos. Sumando expulsiones y salidas voluntarias, 11.961 personas han dejado Chile durante 2026 por estos mecanismos.

El 30 de septiembre, SERMIG publicó la valoración oficial del director nacional sobre el acuerdo de la Comisión Mixta del 28 de septiembre. Sauerbaum precisó que la nueva facultad de la PDI para ingresar a un domicilio donde se encuentre una persona en situación irregular con expulsión vigente operará siempre con autorización judicial previa. Confirmó la elevación de tres a cinco años de la prohibición de reingreso, y explicó el mecanismo de expulsión inmediata para extranjeros irregulares imputados por delitos menores con pena probable de hasta tres años y sin condenas anteriores: el proceso penal se suspende y solo se reactiva si la persona regresa a Chile dentro de ese plazo; en casos de drogas, la expulsión solo podría usarse como pena sustitutiva para una primera condena por microtráfico.

Entre los elementos nuevos: el plazo para reclamar judicialmente contra una expulsión bajaría de diez a cinco días y, a diferencia del régimen actual, el recurso ya no suspendería automáticamente la medida; la PDI podría retener los documentos de viaje del reclamante hasta su salida; y quien reingrese ilegalmente tras ser expulsado podría serlo de inmediato, sin nuevos trámites. El director anunció que el presupuesto 2027 solicita elevar de 4.000 a 11.000 millones de pesos los recursos para expulsiones.

El Servicio informó que, entre 2022 y agosto de 2026, se registraron 28.726 solicitudes de la condición de refugiado, de las cuales solo 548 —un 1,9 %— fueron reconocidas. Sauerbaum vinculó esa baja tasa al uso de la figura por personas cuyas solicitudes de residencia fueron rechazadas, sin cumplir los presupuestos de protección internacional, y anunció que SERMIG y la Subsecretaría del Interior trabajan en ajustar los criterios introducidos en 2024 a la Ley N.° 20.430, para una evaluación “individual, objetiva y conforme a los estándares de protección internacional”.

El 1 de octubre, SERMIG informó una fiscalización en el centro de Santiago que dejó a cuatro personas denunciadas por infracciones migratorias. El Servicio anunció, además, coordinación con el Servicio de Impuestos Internos y Sernapesca para fiscalizar actividades económicas que empleen trabajadores extranjeros irregulares. En paralelo, se realizaron capacitaciones en gestión migratoria dirigidas a funcionarios municipales de Perquenco, a servicios públicos de Curicó, al personal de salud rural de Coyhaique, y una charla sobre normativa migratoria para agricultores de La Araucanía.

II. Análisis jurídico crítico

El propio relato oficial de esta semana confirma algo que el Observatorio ha sostenido de manera constante: introducir un juez en el ingreso a domicilios no es una concesión retórica, sino el eje que distingue una potestad limitada de una habilitación genérica. Que la reclamación deje de suspender automáticamente la expulsión —si así queda el texto definitivo— merece escrutinio propio: reducir el plazo de defensa de diez a cinco días y eliminar su efecto suspensivo concentra el riesgo de error administrativo justo cuando la persona tiene menos tiempo para reaccionar. La evaluación individual que Sauerbaum promete para el refugio deberá medirse por resultados, no solo por el anuncio de nuevos criterios.

III. Conclusiones estratégicas

En el período comprendido entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre de 2026:

• →Chile materializó su noveno vuelo de expulsión del año, elevando el total 2026 a 1.764 expulsiones y a 11.961 el número de personas que han dejado el país por expulsión o salida voluntaria.
• →El director del SERMIG confirmó que el ingreso a domicilios acordado por la Comisión Mixta exige siempre autorización judicial, y detalló cambios relevantes en los plazos de reclamación y en el presupuesto de expulsiones para 2027.
• →El propio Servicio reconoció una tasa de reconocimiento de refugio del 1,9 % y anunció ajustes a los criterios de evaluación.
• →No se encontró evidencia de una reforma distinta para extender la detención migratoria a sesenta días durante este período.

El Observatorio recomienda que, al convertirse en ley, el proyecto que modifica la Ley N.° 21.325 publique criterios claros sobre la pérdida del efecto suspensivo del recurso de reclamación, y que SERMIG documente públicamente los nuevos estándares de evaluación del refugio antes de atribuir la baja tasa de reconocimiento al mal uso del sistema. Continuará monitoreando la ratificación del acuerdo de la Comisión Mixta en ambas Cámaras.