Quinto vuelo de expulsión, umbral de las 1.000 salidas y agenda de reforma migratoria

Informe Semanal OGMDH-Chile N.° 34

Quinto vuelo de expulsión, umbral de las 1.000 salidas y agenda de reforma migratoria
Análisis jurídico de la aceleración de las expulsiones, la coordinación fiscalizadora SERMIG–Dirección del Trabajo y el avance de los proyectos que modifican la Ley N.° 21.325

Introducción

Entre el 19 y el 25 de junio de 2026, la política migratoria chilena confirmó su orientación hacia la consolidación de las capacidades estatales de control. El hecho más relevante de la semana fue la ejecución, el 25 de junio, del quinto vuelo chárter de expulsión del año, con el que el Ejecutivo superó el umbral de las mil expulsiones en 2026. A ello se sumaron nuevas actuaciones de fiscalización del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) en coordinación con la Dirección del Trabajo y la Policía de Investigaciones, y la continuidad de una agenda legislativa orientada a modificar la Ley N.° 21.325.

El Observatorio de Gobernanza Migratoria y Derechos Humanos de Chile (OGMDH-Chile) analiza este período distinguiendo el plano de la eficacia administrativa del plano de las garantías, y subrayando que la legitimidad de una política migratoria no se mide únicamente por el volumen de expulsiones, sino por su compatibilidad con la legalidad, la proporcionalidad, el debido proceso y el control de convencionalidad.

Resumen Ejecutivo

El 25 de junio se ejecutó el quinto vuelo chárter internacional de expulsión de 2026, con 62 personas extranjeras —46 expulsiones administrativas y 16 judiciales— hacia Bolivia, Colombia y Ecuador. Con esta operación, el Gobierno informó haber superado las 1.000 expulsiones en el año: 1.039 salidas por expulsión en 2026, de las cuales 743 se concretaron desde el inicio de la actual administración el 11 de marzo (CNN Chile, 2026; 24horas, 2026).

En paralelo, el SERMIG reforzó su coordinación fiscalizadora con la Dirección del Trabajo en la Región Metropolitana y continuó con operativos regionales, mientras avanzaba en el Congreso una agenda de reforma a la Ley N.° 21.325. El OGMDH-Chile observa que la aceleración de las expulsiones convive con una brecha persistente —la imposibilidad de ejecutar las expulsiones de ciudadanos venezolanos— y con desafíos no resueltos de proporcionalidad y protección de grupos vulnerables.

I. El quinto vuelo de expulsión y el umbral de las 1.000 salidas

El 25 de junio, el Gobierno concretó su quinto vuelo chárter internacional de expulsión del año, mediante el cual 62 ciudadanos extranjeros abandonaron el país con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador. Del total, 46 correspondieron a expulsiones administrativas y 16 a expulsiones judiciales (CNN Chile, 2026).

• →Total de expulsiones en 2026: 1.039 salidas materializadas por procedimientos de expulsión, según el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.
• →Desde el 11 de marzo de 2026: 743 expulsiones concretadas durante la actual administración.
• →Perfil del último vuelo: el 38,7 % de las personas expulsadas mantenía antecedentes o condenas por delitos distintos al ingreso por paso no habilitado, incluyendo delitos graves.
• →Salidas voluntarias: 2.509 efectivas en 2026, lo que eleva el total referencial de salidas del país a 3.548 entre expulsiones y retornos voluntarios.

El umbral de las mil expulsiones tiene un evidente valor comunicacional, pero su lectura jurídica exige matices. Que cerca del 39 % del último grupo registrara antecedentes por delitos graves implica, a contrario sensu, que la mayoría de las personas expulsadas lo fue por causales administrativas, principalmente vinculadas a la situación migratoria. El OGMDH-Chile reitera que la expulsión administrativa exige, en cada caso, fundamentación individualizada y ponderación del arraigo, sin que las cifras agregadas puedan sustituir ese examen.

II. Fiscalización y coordinación interinstitucional

Durante la semana, el SERMIG y la Dirección del Trabajo reforzaron su coordinación en la Región Metropolitana para fortalecer la fiscalización laboral y detectar situaciones de irregularidad migratoria en empresas. A ello se sumaron operativos regionales de control: en uno de ellos se fiscalizó a dieciséis personas y se denunció a seis ciudadanos de nacionalidad venezolana por ingreso por paso no habilitado (Servicio Nacional de Migraciones, 2026).

El Observatorio reconoce la legitimidad de la fiscalización del cumplimiento de la normativa migratoria y laboral, pero advierte que la articulación entre fiscalización laboral y control migratorio debe rodearse de resguardos. La información obtenida en el ámbito laboral no puede convertirse, sin más, en un insumo automático de persecución migratoria, so pena de generar un efecto disuasorio sobre el acceso de las personas migrantes a la formalización y a la denuncia de abusos.

III. La agenda de reforma a la Ley N.° 21.325

La Ley N.° 21.325 sobre Migración y Extranjería registra su última modificación con fecha 2 de junio de 2026 (Ley N.° 21.816), y mantiene en tramitación una agenda de proyectos que buscan endurecer y reorientar el marco migratorio (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2026). Entre las iniciativas en curso destacan:

• →Boletín N.° 18040-06: modifica la Ley N.° 21.325 para prevenir y desincentivar el ingreso ilegal de personas extranjeras al territorio nacional.
• →Boletín N.° 17511-06: modifica los requisitos para postular al beneficio de reunificación familiar.
• →Boletín N.° 17793-07: incorpora la expulsión como pena accesoria del condenado extranjero en determinados delitos.
• →Boletín N.° 17474-06: restringe el acceso de personas en situación irregular a beneficios de cargo fiscal.

Esta agenda se inscribe en el marco más amplio de las reformas anunciadas en semanas previas —el perfeccionamiento del procedimiento de expulsión administrativa, la ampliación de la retención y la criminalización del traslado y la salida irregular—, configurando una orientación legislativa de endurecimiento. El OGMDH-Chile reitera que estas iniciativas deberán compatibilizarse con los principios de legalidad, proporcionalidad, debido proceso y protección internacional de los derechos humanos.

IV. Análisis jurídico crítico

La aceleración de las expulsiones, presentada como indicador de eficacia, no puede desplazar la exigencia de proporcionalidad. Cada expulsión administrativa debe ponderar el arraigo familiar, laboral y comunitario, así como la situación de vulnerabilidad de la persona afectada. El dato agregado de mil expulsiones no informa sobre la calidad individual de cada decisión, que es donde se juega su legalidad.

La política de expulsiones continúa enfrentando una limitación estructural: la imposibilidad de ejecutar las expulsiones de ciudadanos venezolanos por la falta de relaciones consulares con Venezuela, con vuelos hacia Caracas congelados desde junio de 2025 (Infobae, 2026). El mantenimiento de órdenes inejecutables, sin vías de regularización, tensiona la seguridad jurídica de miles de personas atrapadas en un limbo administrativo.

Persisten desafíos en la protección de niños, niñas y adolescentes, solicitantes de refugio y familias con arraigo. El interés superior del niño (artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y Ley N.° 21.430) y el principio de no devolución obligan a que las medidas de control no se apliquen de manera automática sobre personas y grupos especialmente protegidos.

Las garantías de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos exigen acceso efectivo a defensa y a revisión judicial. La eficiencia administrativa no puede lograrse a costa de estas garantías, cuya observancia es condición de validez de toda medida de expulsión.

V. Impacto institucional y tendencias

• →Consolidación del modelo de control: la expulsión se afianza como instrumento central, con una coordinación interinstitucional cada vez más densa.
• →Aceleración cuantitativa: el umbral de las mil expulsiones marca un cambio de escala respecto de años anteriores.
• →Brecha persistente: la imposibilidad de expulsar a ciudadanos venezolanos sigue sin solución jurídica, pese al aumento global de salidas.
• →Desplazamiento del eje: el principal desafío institucional ya no es solo controlar, sino administrar procesos complejos bajo estándares compatibles con el Estado de Derecho.

Conclusiones del Observatorio

En el período comprendido entre el 19 y el 25 de junio de 2026:

• →Se ejecutó el quinto vuelo chárter de expulsión del año (62 personas), superándose el umbral de las 1.000 expulsiones en 2026.
• →Se reforzó la coordinación fiscalizadora entre el SERMIG, la Dirección del Trabajo y la PDI, con foco en la irregularidad migratoria en el empleo.
• →Avanzó la agenda de reforma a la Ley N.° 21.325, con proyectos orientados al endurecimiento del control y la expulsión.
• →Persisten la brecha de ejecución respecto de ciudadanos venezolanos y los desafíos de proporcionalidad y protección de grupos vulnerables.

El Observatorio reafirma que la eficacia del control migratorio es un objetivo legítimo, pero que su legitimidad depende del respeto a la legalidad, la proporcionalidad, el debido proceso, la seguridad jurídica y el control de convencionalidad. Continuará monitoreando la ejecución de las expulsiones, la tramitación de las reformas y sus efectos prácticos sobre la gestión migratoria y el acceso efectivo a procedimientos administrativos y judiciales en Chile.